El titular de la oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, expuso ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras las previsiones presupuestarias para 2025.

El total previsto para este órgano de control extrapoder, asciende a $197.648.370, de los cuales más de 172 millones se destinarán a personal permanente.

Cabe destacar que la misión de este organismo es la vigilancia y monitoreo de la transparencia y la ética en el Estado y los ámbitos privados y del tercer sector articulados a él, mediante actuaciones por denuncia o de oficio, con la visión de prevención y acompañamiento como instancias de formación de una cultura de la transparencia, y fase previa al ejercicio sancionatorio.

En ese sentido, Ética Pública es quien regula las normas de conducta en el ejercicio de la función pública en busca del “responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño”. Aplica para ello, un enfoque sistémico e integrado de la Ética y la Transparencia “para generar sus acciones en torno a la totalidad de las formas y acciones derivadas del accionar de las distintas jurisdicciones estatales, y las instituciones públicas no estatales y privadas que se articulan con los Estados provincial y municipales”.

Sus áreas de trabajo se dividen en tres: la Dirección de Registro e Informática, la Dirección de Investigaciones Administrativas, y la Subdirección de Acceso a la Información Pública.

La primera de ellas, sistematiza y actualiza el padrón de obligados a presentar DDJJ; registra Declaraciones Juradas, Fichas Limpias y Obsequios a Funcionarios; mantiene y actualiza el Sistema Web de la Auditoría de Ética, con especial atención al acceso público a datos y registros de los distintos ámbitos de acción; expide las constancias de cumplimiento e informa los incumplimientos al Auditor General para las acciones correspondientes, y alerta sobre casos de posible enriquecimiento ilícito.

En relación a esta área, Balsells Miró expuso que los sujetos obligados empadronados suman 7254, que corresponden 1924 al Poder Ejecutivo, 127 al Legislativo, 1814 al Poder Judicial, 1064 a las Municipalidades, 282 a gremios y sindicatos, 73 a órganos de control y 1970 a funcionarios con mandato cumplido.

Asimismo, hay 83 encargados de padrón, 81 informantes sumariales, 1235 fichas limpias y proveedores que superan 60 contrataciones, 423.

Como meta para el 2025, se han propuesto la actualización de los Sistemas de Carga y sus motores de búsqueda, “con el objetivo de lograr una interfaz más eficiente, amigable, intuitiva y precisa para quien deba operarlo como usuario”; y que otorgue “nuevos recursos de trazabilidad y control de la información tanto por parte de la Auditoría como en su uso social”.

En cuanto a la Dirección de Investigaciones Administrativas, el funcionario indicó que es el Órgano Asesor natural en materia jurídica del Auditor General”, que dictamina en las presentaciones que recibe la oficina, verificando la competencia del Auditor General. Su Director actúa como subrogante del Auditor General  ante su excusación, instruye las investigaciones administrativas que le son derivadas por el Auditor General y representa en sede Judicial al Auditor en los procesos judiciales.

En total, se han realizado 1010 dictámenes y prevé para el próximo año, llevar adelante una campaña de divulgación para el sector público sobre estándares de actuación orientados a materializar objetivos y contenidos, así como participar de la Convención Interamericana de Lucha contra la corrupción.

Finalmente, la Subdirección de Acceso a la Información Pública, promueve acciones de control, seguimiento, mediación y sanción en torno a la ley 9070, brinda asistencia jurídica y comunicacional para acompañar los procesos de Información Pública tanto por parte de las Instituciones del Estado como en lo que atañe al ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía; auspiciando el diálogo entre Estado y sociedad, y consolida la filosofía de “Estado y Gobierno Abierto como política de Estado en las distintas jurisdicciones de Mendoza, tanto a nivel provincial como municipal, tendiendo a consolidar los valores de la transparencia, Ética Pública, Participación Social y Ciudadana”.

Los datos aportados en relación a esta Subdirección señalan que en lo que va de 2024 ingresaron 963 pedidos de información, de los cuales se han respondido 811, lo que equivale a una tasa de respuesta efectiva del 84%.

De la misma forma, se registraron 109 pedidos en plazo de gestión legal, con una tasa de respuesta en plazo legal del 95%. En tanto, hubo 77 recursos por incumplimiento, con una tasa de denuncia del 8%.

Como dato histórico aportó que desde 2018 a 2024,  se presentaron 5193 pedidos de información que tuvieron una tasa efectiva de respuesta del 96%; 107 pedidos en plazo de gestión legal, con una tasa de respuesta en plazo legal del 98%, y 423 recursos presentados con una tasa de denuncia del 8%.

En lo concerniente a la adhesión municipal a la Ley 9070, Balsells Miró indicó que hay 16 municipios adheridos, uno sin adhesión – Lavalle – “con el que de todas formas trabajamos bien”, y Maipú, que renunció a su adhesión este año. En tanto, los Concejos Deliberantes adheridos suman 8: Capital, Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, La Paz, Luján de Cuyo, Tupungato y Malargüe.

Esta área se propone para el próximo año el relanzamiento del Plan de Capacitación permanente, a partir de las nuevas gestiones Provinciales y Municipales, que implica cambio de Funcionarios Garantes, incrementar el grado de adhesión específica de Concejos Deliberantes, la incorporación de software específico para  generación de  contenidos que responda a condiciones de accesibilidad y fortalecer y sistematizar las instancias de Auditoría sobre transparencia  activa.

Balsells Miró, pidió durante el encuentro con legisladores revisar algunos aspectos de la legislación.  “Hemos tenido muchos recursos que después, con la ley 9070, estableció un procedimiento de una acción procesal administrativa en la Corte que el último paso es el que emite nuestra oficina, y muchas veces, quien no está satisfecho con el pedido recurre ante la Corte, ante la oficina de Ética Pública, que no es la titular de la información. Habría que revisar el articulado de la Ley”.

“El equipo jurídico que tenemos trabaja muy bien”, dijo, acotando que “cada acción procesal administrativa que ingresa por conflictos laborales no resueltos sobre todo, donde se pide información de personas que hicieron medidas de acción directa, por ejemplo, a veces se traslada a la oficina y eso hace que vaya a la Corte implicando tiempo y recursos para contestar, y tenemos poco personal en comisión del Senado, de Fiscalía de Estado y un abogado en comisión del EPRE, por lo que es algo que también pido en el Presupuesto para no tener que depender de estos convenios que año a año se van renovando. Y es una forma también de reconocer al personal”.