El Fiscal de Estado, Fernando Simón, y colaboradores de la repartición, presentaron ante legisladores de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios de ambas Cámaras los alcances de la pauta presupuestaria prevista para el año próximo.

La misma prevé una erogación de $7.151.967.368 de pesos, de los cuales $4.054.221.814  serán destinados al funcionamiento general del organismo y bienes de capital, mientras que unos $3.097.745.554 serán destinados a la cancelación de juicios contra el Estado.

Para la elaboración del presupuesto, el Ejecutivo ha utilizado las proyecciones de las principales  variables macroeconómicas nacionales contempladas en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Provincial 2025. En este sentido se tuvo en cuenta una variación real del PBI del 5%,  una variación interanual del IPC - Diciembre 2025 del 18,3% y un tipo de cambio Nominal - diciembre de 2025 de 1207 $/USD.

La pauta de gastos de funcionamiento  significa un 0,10 por ciento del presupuesto general de la Administración Central, lo que significa, señaló el Fiscal “una porción que ha disminuido sensiblemente desde 2015 cuando resultaba el 0,35 por ciento del gasto provincial”.

Un gran porcentaje de la pauta de gastos se destinará al pago de Juicios en 2025, alcanzando los $3.097.745.554. Según se explicó durante la presentación, del total de juicios con sentencia firme que se pagará en 2025, hay 48 que corresponde  a reclamos por Daños y Perjuicios, 71 acciones Procesales y Administrativas, 27 Convenio L9234 (de Acuerdos Transaccionales) y otros 40 corresponden a amparos sindicales y expropiaciones, entre otros. En total suman 373 juicios con sentencia firme que se pretenden cancelar durante el próximo ejercicio.

Evolución del personal

El fiscal de Estado mostró que en relación a la evolución del personal la curva continúa en sentido descendente porque mientras en 2015 eran 145 trabajadores en la repartición hoy alcanzan los 127, un número que se mantiene con escasas variantes desde 2018.

“La política que hemos llevado adelante es de, frente a las jubilaciones, no incorporar personal nuevo sino generar mejoras a los que ya están, en la redistribución de la partida, en adicionales, en aumentar las clases”, señaló el fiscal, agregando que “todos los ingresos han sido por concurso, el personal que ha entrado de este modo es joven pero estoy muy conforme con su desempeño”. Manifestó que el problema que se presenta es cuando “se solicita una subrogancia o una clase y estamos cuatro meses dando vueltas con un expediente”.

Simón, enfatizó en la necesidad de que se discuta en la Legislatura “el modelo de empresas del Estado en cuanto al sometimiento del control del sector público, sin que pierda la agilidad propia del sector privado. No es el modelo de privatización de los 90, es nuevo, un modelo híbrido, faltaría un marco específico porque no está sometido directamente a la Ley de Responsabilidad Financiera ni a la Ley de Personas Jurídicas”. “Es un nuevo desafío”, dijo.

Por otra parte, subrayó que “sería muy bueno contar con una movilidad apropiada, como una camioneta y con mayor cantidad de personal capacitado para tareas específicas. No es fácil pero nos arreglamos”, indicó.

En relación al trabajo que se realiza en la Fiscalía se dio a conocer la cantidad de dictámenes emanados por la Dirección de Asuntos Administrativos que en 2022 alcanzó los 2161, mientras que en 2023 trepó a 2645 y en 2024, se emitieron a la fecha 1462.

Por su parte la Dirección de Asuntos Judiciales lleva adelante 11604 expedientes que aún no tienen sentencia definitiva ni han sido archivados.