Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; de Economía, Minería, Energía e Industrias, y de Ambiente y Recursos Hídricos; que presiden Franco Ambrosini (UCR), Guillermo Mosso (PRO Libertad) y Gabriel Vilche (Unión PRO), respectivamente; recibieron a organizaciones sociales, cámaras empresarias, estudiantes y profesionales técnicos, para receptar opiniones sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la ratificación de 34 Declaraciones de Impacto Ambiental que forman parte de Malargüe Distrito Minero.

Del encuentro, participaron también la vicegobernadora Hebe Casado, y legisladores de ambas Cámaras.

Cabe recordar que este proyecto ha seguido un proceso en la Legislatura, primero con la presentación por parte de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la participación del intendente de Malargüe, Celso Jaque, y posteriormente, la explicación técnica, de la mano de la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Minería y la de Protección Ambiental, así como del sector científico/académico con la exposición del decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la Universidad Nacional de Cuyo.

En esta oportunidad, el plenario de comisiones recibió a representantes de distintos sectores tanto de la sociedad civil como empresarios, académicos y estudiantiles.

Los temas trabajados durante la jornada giraron en torno a la protección del ambiente, el uso del agua, la localización de los proyectos de exploración, el cumplimiento de las normativas provinciales y nacionales, la relación con otras actividades productivas, y el modelo de matriz productiva y energética que se piensa para la provincia, entre otros.

Entre las voces expresadas de forma negativa sobre el proyecto, hicieron uso de la palabra ciudadanos integrantes de distintas asambleas, organizaciones y agrupaciones ambientalistas y de cuidado de flora y fauna.

Las críticas manifestadas giraron en torno a la aprobación de los 34 proyectos en un solo expediente, los que deberían ser “individuales, según las normas”, indicaron.  Además de requerir lo dispuesto por distintas leyes nacionales y provinciales, remarcaron que no se sabe “en qué lugar” de las hectáreas comprometidas en estas 34 iniciativas mineras, “van a funcionar”, indicando al respecto que se necesitaba más información.

Asimismo, se señaló que “nunca se habla del impacto que tiene esta industria en la población y en la salud. No se pueden controlar los deslaves, los terremotos, y esos lodos acaban bioacumulándose”. También hubo referencias al cambio climático, considerando “un retroceso” continuar con la actividad.

“Se sigue sosteniendo un modelo extractivista de commodities. Nos dejan basura toxica a perpetuidad”, dijo Nora Moyano, de la Asamblea de Las Heras por el agua pura, quien añadió que no pueden aprobarse “decenas de proyectos en un solo paquete”. Por su parte,  Julián Peñaloza, de la Asamblea por el Agua de Tunuyán, indicó entre otros conceptos que “las imágenes satelitales no bastan para poder hacer una declaración de impacto ambiental, y eso es un retroceso porque no se conoce el territorio”.

Por otra parte, quienes se expresaron a favor fueron representantes de empresas vinculados al sector,  representantes de centros educativos y escuelas técnicas, junto a referentes de actividades productivas e industriales en la provincia. El eje central de sus palabras fue “valorar el esfuerzo que se ha puesto desde todos los sectores para poner en valor y poder desarrollar la actividad minera”.

Sostuvieron que “Malargüe necesita minería”, y que “apoyamos a Malargüe Distrito Minero” porque se “transmite transparencia”. En la misma línea, expresaron que “necesitamos que nuestros estudiantes puedan trabajar en Malargüe y que continúen formándose en el departamento”.

Por caso, Fabián Solís, presidente de ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), destacó que “apoyamos esta convocatoria y la aprobación de la Ley. Entendemos que son los inicios para el desarrollo de la provincia en materia minera. Desde muestra asociación vemos que este es el vector de desarrollo que necesita la provincia. Todos los estudios técnicos que se están llevando adelante están transmitiendo transparencia y confiabilidad a la sociedad”.

Asimismo, hizo hincapié en la formación académica y en el campo, y propuso que se tome en cuenta con preponderancia “al sector industrial local para el desarrollo de más pymes”.

En la fundamentación del proyecto elevado a la Legislatura, se manifiesta el “amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental”.

En ese sentido, y habiendo cumplido con las etapas técnicas y legales necesarias, los 34 proyectos de exploración obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a través de Resoluciones Conjuntas, por lo que ahora debe ser sometida a ratificación legislativa, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.