La comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que preside Giuliana Díaz (UCR), abordó dos proyectos vinculados al abordaje de situaciones de violencia en materia de género, en el ámbito de la Administración Pública provincial. Uno de ellos, impulsado por Laura Balsells Miró (PRO), que promueve un protocolo de actuación en la Cámara de Diputados, y otro con media sanción del Senado que abarca a todos los organismos del Estado.

A tal fin recibieron a la subdirectora de Género del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Verónica Fresneda; la directora de Género y Diversidad de la UNCuyo, Camila Pessino, y al subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera.

“Nos parece fundamental escuchar las voces de referentes de otros organismos que ya vienen aplicando este tipo de protocolos, para nutrirnos y sacar el mejor proyecto posible”, dijo la diputada Díaz al iniciar la reunión.

Fresneda, explicó al respecto que “en 2021, a partir de un acuerdo paritario firmado con el SUTE, el gobierno se comprometió a dos puntos en materia de género, uno referido a licencias y el otro, la creación de un ámbito específico para tratar temas de género y diversidad en la DGE. No tenía que ver con lo pedagógico, sino con el recurso humano”.

Cuando se suscribe el convenio, se tomó en cuenta que el área se pudiera conformar con personal formado en género “no sólo idóneos administrativamente”, sostuvo, para agregar que con el cambio de gestión, “se crea la Subdirección de Género en el ámbito del Ministerio. Creció el macro, hubo un proceso de acomodamiento”, que tomando la normativa legal vigente, “nos ha permitido tener registros” en el ámbito educativo.

Añadió en ese sentido que “ahora empezamos a ver por qué las agentes públicas recurren al espacio laboral a pedir asesoramiento no sólo en lo educativo sino a todo los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Se produjo un quiebre de paradigma. Se abrió el panorama y empezamos a mostrar acciones positivas con políticas públicas. No nos quedamos sólo en el docente sino que recibimos consulta y hacemos derivación”.

En esa línea, afirmó que se han atendido distintas situaciones “donde han acudido a nosotros madres de estudiantes manifestando que están transitando situaciones de violencia de género”, y que lo que se hace es “un trabajo articulado, coordinado y en red, con áreas municipales de género y con el Ministerio Público Fiscal, el servicio de asistencia a la víctima y el área de Mujer de la Suprema Corte de Justicia”.

Asimismo, señaló que se realizan capacitaciones y que “hay un eje que no puede no tenerse en cuenta, que es la voluntad de la víctima. Si bien la legislación nos da obligaciones, no podemos separarnos de la voluntad de la víctima porque muchas veces en el ímpetu, podemos correr el riesgo de poner a esa persona en una situación de mayor peligro”. Para ello se hace un abordaje previo, “para medir la peligrosidad en la que se encuentra esta persona, para poder actuar”.

En cuanto a cómo llegan las denuncias, dijo que de “múltiples formas. Teléfono, mail, con un escrito en un papel. Nos entrevistamos con las mujeres, vienen a nuestro espacio formado por abogados  y psicólogas, si ella así lo decide, y ahí se determina si hay violencia de género, si hay violencia patrimonial. Ponemos arriba de la mesa la situación y en base a eso, vemos a qué espacio podemos derivar a la mujer. Además, si el agresor pertenece a la DGE, tenemos los regímenes disciplinarios, y si no, nos comunicamos vía oficio al organismo que corresponda o a través de Gendarmería o Ministerio de Seguridad que tienen protocolos específicos”.

Por su parte, Pessino comentó que el área es relativamente nueva, fue una decisión de la rectora de la UNCuyo, a través de una coordinación de consejería de género y la coordinación de capacitaciones. “La Dirección se crea en febrero del año pasado, antes se gestionaban estas políticas pero ahora hay un área específica, con un sentido de planificación y coordinación.

La actuación de los protocolos se da generalmente desde la consejería. El 97% del tiempo trabajamos en violencia, porque lo urgente desborda nuestra agenda”, destacó.

En ese marco, manifestó que “logramos dar una perspectiva más trans feminista, por eso hablamos de violencia de género y no tanto de violencia hacia las mujeres, con la intención de la perspectiva que generalmente se habla de violencia de un hombre a la mujer, pero se presenta de formas poco transparentes, sutiles, y hay que poder abordarlas de igual forma que una violencia totalmente explícita”.

También hizo referencia a que se está trabajando en una reforma al protocolo “porque después de casos resueltos vemos que podemos hacer otras cosas”, agregando al respecto que “todo es perfectible, porque las violencias fluctúan y cambian, como por ejemplo, la violencia digital”.

Por tanto, resaltó que “a veces se busca una  normativa de excelencia, y hay que ir a lo posible, porque siempre es perfectible. Lo que se tenga siempre es mejor que no tenerlo”.

En otro orden, manifestó que “la violencia aparece de muchas maneras”, mencionando algunos canales de denuncia como WhatsApp, la web, el mail de la Dirección de la consejería, “hemos hecho una red de referentes. Es probable que en una facultad tengas apertura a estas políticas y en otras, cierta resistencia” pero “hemos puesto gran esfuerzo en poner una persona referente de las temáticas de género para atender e implementar políticas, como capacitaciones”.

Al igual que lo indicado por Fresneda, sostuvo que “la voluntad es fundamental y respetar la autonomía de la persona que es sometida a una situación de violencia para la no revictimización. Se hace acompañamiento a docentes, no docentes y estudiantes”.

Se realizan entrevistas, se evalúa el nivel de peligrosidad, se analiza el caso y “se le dan todas las posibilidades de acción, siempre con el aval de esta persona. Hacemos escucha activa y un acompañamiento interdisciplinario, pero somos la primera etapa de la investigación

Cuando se activa el protocolo, a la persona denunciada se la notifica”, expresó.

A su turno, Herrera habló de la importancia de la prueba, que “es la parte más difícil”, sobre todo porque en su caso, “tenemos una oficina de violencia laboral, no actuamos solamente en violencia de género sino que es más amplio, todas las relaciones laborales, y hay violencia ejercida que no se descubre porque hay un factor importante que es económico, la subordinación económica”.

A las empresas “les exigimos un protocolo  de convivencia laboral. Tenemos un área de abordaje, con dos psicólogos que son los primeros en hacer el abordaje. Generalmente la violencia laboral, la denuncia, no es anónima porque se tiene que citar a la persona y hacerle una entrevista. Si necesita asesoramiento letrado, le generamos un abogado de forma gratuita”. En otras ocasiones, “la denuncia llega por un abogado o un sindicato”.

“Cuando llega la denuncia, se comprueba si es verdadera, se la aborda y se cita  una vez evaluada esa denuncia, ya sea por género, subordinación económica, sea hombre o mujer. Nunca se juntan denunciante y denunciado y actuamos en el ámbito público y privado”, expresó.

De la misma manera, subrayó que “hoy hay distintas formas de violentar u hostigar a la persona”, y que “cuando llega una consulta, hacemos abordaje con una atención privada con un profesional de la salud mental y se le ofrece patrocinio gratuito”.

Los invitados a la reunión de comisión, coincidieron en “no duplicar cosas que ya existen. Hay normativas específicas y muy nuevas. Aggiornemos lo que haga falta pero no armemos cosas de cero otra vez, porque es un paso para adelante y tres para atrás. Si hay que modificar herramientas que ya disponemos, se hace, pero ya hay un largo camino transitado”.

Protocolo en la Cámara de Diputados

El proyecto de Balsells Miró, surgió como iniciativa de esta comisión Especial, entendiendo que la violencia laboral “es una problemática que afecta a numerosos trabajadores y trabajadoras en diversos ámbitos laborales, incluyendo las instituciones públicas. En particular, la violencia laboral con perspectiva de género añade una capa de complejidad que requiere de atención y medidas específicas para prevenir e intervenir efectivamente”, señala la fundamentación.

Por este motivo, el proyecto de Resolución tiene como objetivo establecer un Protocolo de Prevención e Intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género en la Cámara de Diputados,  con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y equitativo para todas las personas.

Persigue además como objetivo, crear un equipo especializado, cuya función sea la de contener y asesorar a la o las personas en situación de discriminación y/o violencia de género en el ámbito legislativo, así como elaborar estadísticas y análisis sistemáticos de los casos de violencia de género en el ámbito laboral, para contar con información integral que permita perfeccionar las medidas de prevención a futuro.

Entre sus principios rectores se encuentra el de asistencia y asesoramiento gratuito; confidencialidad y respeto; reserva de Identidad; consentimiento informado; no re-victimización; protección a denunciantes o testigos, y prevención activa.

Este protocolo, si bien será aplicable en la Cámara de Diputados, comprende las denuncias por hechos que hayan ocurrido ya sea de forma presencial o a través de medios virtuales o telefónicos dentro del ámbito de cualquier dependencia de la Legislatura.

Protocolo para la Administración Pública

Esta iniciativa con media sanción del Senado, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero (LGBTTTQ+) en todas sus manifestaciones. Para ello, todo organismo de la Administración Pública Provincial debe disponer de un protocolo de actuación ante situaciones de violencias por motivos de género.

Los principios fundamentales son similares al anterior, añadiendo que cada organismo público deberá regular en su protocolo el procedimiento de asistencia, asesoramiento, acompañamiento, investigación y sanción de los hechos en el caso según corresponda, asegurando la perspectiva de género.

Otro de los aspectos que prevé, son licencias por violencia de género. Al respecto, dispone que “todo protocolo del sector público provincial deberá garantizar la aplicación de las licencias establecidas por Ley 5811, por motivos de violencia de género, preservando el derecho a la intimidad de la persona afectada y disponiendo las medidas y acciones necesarias para el acompañamiento de la persona”.

Asimismo, prevé capacitaciones. “Cada organismo público deberá sensibilizar y capacitar en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género y diversidad sexual a las personas responsables e intervinientes en la aplicación del protocolo de actuación”.