En plenario, las comisiones de  Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; Cultura y Educación y Legislación y Asuntos Constitucionales, que presiden Jorge López (UCR), Natalia Vicencio (PJ) y Franco Ambrosini (UCR), respectivamente, dieron continuidad al análisis de  los proyectos sobre Educación remitidos por el Poder Ejecutivo.

El paquete de leyes que ingresó por la Cámara de Diputados, fue presentado en la Legislatura por el ministro de Educación, Infancia, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar. Se trata de un paquete de leyes basados en cuatro ejes estratégicos: la mejora salarial a través de diversos incentivos, el manejo eficiente de los recursos, el ordenamiento administrativo, y un modelo integrado que proyecte las transformaciones educativas necesarias que este tiempo requiere y que beneficien a los estudiantes.

La reforma presentada, contemplada en tres proyectos, implica ordenamientos y estímulos:

Incentivo a la dedicación: los docentes podrán generar mayores ingresos a partir de la permanencia en una institución por más de dos años. De esta manera se promueve el arraigo pedagógico como también un proyecto institucional.

La estabilidad y la continuidad del personal docente y directivo en una determinada institución educativa resultan pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos pedagógicos consistentes y efectivos.

Este arraigo no solo beneficia a los profesionales de la educación, sino que también contribuye directamente a la calidad de la enseñanza y al bienestar de los estudiantes, al facilitar la implementación de estrategias educativas continuas y coherentes.

Incentivo a la especialización: potenciar la formación continua, promoviendo la capacitación en las áreas de incumbencias donde se desarrolla cada docente.

Reconocimiento a especialidades prioritarias: a través de la asignación de becas a estudiantes y remuneración adicional a los docentes que se desempeñen en áreas consideradas prioritarias, conforme a las necesidades identificadas en el ámbito educativo anualmente.

Responder a la demanda de cobertura de servicios en áreas de vacancia: se amplían las posibilidades laborales para que docentes puedan cubrir la demanda y mejorar con ello la calidad educativa.

Mejorar la distribución de los recursos docentes: se flexibilizará el régimen de suma de cargos y horas cátedra hasta un límite de 48. Esto permitirá una mayor movilidad del personal, adaptando la oferta a las necesidades.

Incentivo para el cambio de funciones en apoyo a residencias de niñas, niños y adolescentes: los cambios de funciones por razones permiten a los profesionales desarrollar nuevas tareas dentro del ámbito del Ministerio de Educación. Con este cambio se prioriza el apoyo a Residencias Alternativas de las Infancias, a los CEPI (Centros de Primera Infancia) y demás instituciones definidas como prioritarias.

Evolución del GEM: sostenidos en la idea de modernización continua, se trabajará para mejorar las herramientas de innovación como el GEM, “que han tenido buenos resultados en los últimos años”. Por ello, se avanzará hacia un Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) incorporando a los ya existentes, módulos específicos para capacitación y recursos humanos. Esto permite mejorar las prestaciones y exportar la herramienta completa o de forma modular hacia otras jurisdicciones que lo están solicitando. Por otro lado, se establecerá un nuevo protocolo de carga de datos, con plazos específicos, para hacer más adecuado y eficiente el uso de la herramienta.

Promover el proyecto educativo de una escuela: se busca que redunde en la mejora de los estudiantes, donde los mismos disfruten del conocimiento, la continuidad en el desarrollo y la práctica cotidiana. Esto implica un proyecto sustentable con docentes que lo lleven a cabo en el tiempo.

Durante el encuentro los legisladores de la oposición hicieron algunas observaciones a las iniciativas del Poder Ejecutivo, entre ellas Laura Balsells Miró (PRO) que si bien celebró los proyectos presentados “porque hacen a la calidad educativa y a la participación de los docentes” dijo  al referirse a la capacitación docente que “esa elección debe ser optativa”.

Cintia Gómez (PRO), por su parte, y en la misma línea mencionó “la necesidad de determinar cuáles serán los criterios de evaluación una vez concluidas las capacitaciones”, resaltando la necesidad de “no sobrecargar a los docentes en su currícula horaria si la capacitación será obligatoria”.

Remarcó en otro orden que hay que “garantizar la posibilidad de que todos los docentes puedan acceder a la capacitación” para lo cual propuso “que el 80 % de estas sean de ámbito estatal y el 20 % sea privado”.

La legisladora Natalia Vicencio (PJ) pidió “más tiempo para tratamiento en comisiones de los proyectos” en cuestión, e hizo hincapié en la necesidad de “informar claramente a los involucrados  que el estatuto docente será  respetado en su marco”. También, indicó que sería importante “incorporar los aportes a la política pedagógica que surjan del Consejo Federal de Educación, acción que no será vinculante”.

También esta diputada hizo observaciones referidas al reemplazo del actual sistema   GEM, instando a que “se cuide la información allí contenida porque es muy valiosa y se podrían sacar estadísticas de distintos factores que serían útiles para la comunidad educativa.”

Al referirse al incentivo de formación docente  coincidió con su par del PRO, Cintia Gómez, en que las formaciones deben ser dictadas en una proporción de 80 a 20, por el sector estatal.

Finalmente, el diputado César Cattáneo (UCR) manifestó, al igual que Jorge López, que los proyectos seguirán recibiendo aportes durante una semana de diálogo y luego “daremos la devoluciones correspondientes para poder armar un despacho con el mayor consenso”.