La comisión de Derechos y Garantías, que preside José Luis Ramón (CyC), mantuvo un nuevo encuentro en el que se atendió la solicitud de exposición de un grupo de particulares que han trabajado en dependencias estatales y que tienen ciertas diferencias con últimas resoluciones en las que se encuentran superpuestas incumbencias de educación y salud. También la comisión abordó otros expedientes obrantes en el seno de su índice.

De esta reunión participaron Laura Duarte y Susana Cornejo, profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE-ex DOAITE), y Claudia Iturbe, secretaria General de AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud). El principal planteamiento gira en torno al Régimen 27 (salarial) de Salud, y la definición que se tendrá con los profesionales que prestan servicios puesto que lo hacen en ámbitos educativos.

Las expositoras repasaron cómo se ha trabajado desde el año 2016 a la fecha, también años anteriores, e indicaron en la mesa que, además del “reclamo salarial” por la demora del traspaso de trabajadores al régimen 27 de salud y/o definir si sus haberes serán liquidados como horas cátedra, o régimen 16 como se ha hecho hasta ahora; la queja reside en que “la reestructuración propuesta es inviable en la práctica, ya que exige a los profesionales de la DAE una cantidad de funciones imposibles de cumplir, con la modalidad de trabajo que pretende imponer esa misma Resolución”.

Luego de escuchar los planteos, la comisión definió enviar diversos pedidos de mayor información a los organismos pertinentes.

Por otra parte, la comisión abordó expedientes que contiene en su índice proponiendo, por un lado, en uno de ellos, que se ahonde desde la Dirección de Minería y la Municipalidad de Malargüe en datos referidos a la presencia de asfaltita en una zona determinada que presentó un particular; y por otro, sobre un expediente que propone la modificación del Reglamento Interno de la Cámara.