La comisión de Derechos y Garantías, que preside José Luis Ramón (CyC), mantuvo un encuentro con representantes legales de la empresa Evisa e Iberte, quienes mantienen un conflicto judicial con Fecovita y sus responsables. Carlos Aguinaga, representante legal de las empresas mencionadas, expuso durante la reunión distintos documentos e información referida a las diferencias mantenidas.

Aguinaga explicó que hay dos caminos iniciados en materia de diferencias comerciales y jurídicas. Una está instrumentada por el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y la otra por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza, respecto de exposiciones judiciales con tenor penal.

Desde las empresas se manifiesta que hubo presuntas irregularidades en los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023; y por otro lado, denuncias penales sobre las personas responsables de la Federación de Cooperativas acusados de estafa, entre otros delitos que han pedido desde las empresas investigar.

“Vemos que las personas físicas actúan y ponen delante de ellos el nombre Fecovita y en realidad lo que se investiga es a las personas físicas. Algunos delitos que se piden investigar son delitos contra las empresas que representamos y otros contra los propios cooperativistas”, aseguró Aguinaga, y agregó que “planteamos que hay un conflicto de intereses, entre los directivos de Fecovita y Fecovita en sí. Pedimos pericia contable para que se realice sobre los balances que cuestionamos y todavía no se hace”.

Al mismo tiempo, Aguinaga señaló que “las empresas que nosotros representamos son mucho menores (que Fecovita en tamaño) y “juega de visitante” si se quiere acá. Es más débil de lo que Fecovita representa para Mendoza”, remarcó, y expuso que “las garantías constitucionales están garantizadas para los acusados por el proceso judicial que se sigue en contra de ellos”.

A su vez, el letrado manifestó que “no hay sentencia firme todavía sobre el pedido de quiebra de Fecovita, por eso es que se sigue investigando”. Señaló, además, que “la Dirección de Cooperativas de Mendoza al igual que el INAES evaluaron la presentación de los balances en tiempo y forma, aunque eso no implica que los hayan aprobado, como mencionan desde Fecovita” y agregó que “el contrato final es el que no estaba en los balances y tampoco se le dio vista al auditor externo”.

Asimismo, sostuvo sobre las denuncias penales a directivos de Fecovita, que “se investiga a las personas físicas. El problema es que vemos que estas personas físicas en alguna medida actúan y ponen adelante de ellos el nombre de lo que significa Fecovita y salen a decir que estamos atacando a Fecovita”, lo que considera es una confusión que “provocan” y que los beneficia ante la opinión pública.

Al finalizar la reunión, el abogado indicó que las empresas quieren “que nos paguen las deudas, ni un centavo más ni un centavo menos”, añadiendo que estas empresas “tienen la espalda financiera” para poder tomar una decisión como la que expresan, que es que lo que se obtenga económicamente de los procesos judiciales en Mendoza contra Fecovita, será destinado a entidades de bien público.

José Luis Ramón, por su parte, expresó que “nosotros, como comisión, tenemos un interés en que esto pueda llegar a tener una solución; y nos preocupa sobre manera la afectación fuerte a los cooperativistas, y el impacto que tenga en las familias, porque son pequeños productores que generalmente en condiciones de normalidad obtienen beneficios crediticios o montos posibles, y la verdad que se les ha encarecido por todo lo que significa esto”.