En consonancia con la Resolución 881/24 aprobada por la Cámara de Diputados que insta a dar “amplia” difusión en Mendoza al Decreto presidencial 765/24, que reglamenta la Ley 11723 de Propiedad intelectual, los impulsores de la iniciativa provincial se reunieron con los diferentes actores alcanzados por la medida nacional.
Dentro de este marco, el autores de la iniciativa mendocina, Enrique Thomas (PRO Libertad), Gisela Valdez (UCR) y Gustavo Cairo (LLA), respectivamente, decidieron establecer un canal de diálogo con diversas instituciones alcanzas por la normativa nacional.
Del encuentro participaron la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, la directora de Actividades Artísticas de la Subsecretaria de Cultura de la provincia, Laura Belingace, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEGHA), Raúl Roitman, los autores de la Resolución y público vinculado a la temática expuesta.
Hebe Casado dio la bienvenida a los participantes señalando que “es importante esta reunión principalmente para aclarar la situación en la que nos encontramos frente a las desregulaciones que se han decidido de parte del gobierno nacional, como es el pago de SADAIC y AADI-CAPIF. Un costo que era bastante oneroso para los salones de eventos privados, para los hoteles, incluso para los hospitales”.
“Debido a la insistencia de seguir cobrando esto, el Gobierno Provincial también decidió sacar un Decreto reglamentario al respecto, aclaratorio, para que no hubiese dudas de que no tienen que cobrar” agregó, señalando además que “Mendoza ha decidido adherir, acompañar esta desregulación que viene del gobierno nacional y que nos parece importante porque ayuda a todos los que trabajan en estos rubros y permite un ahorro a las familias que quieren hacer alguna vez una fiesta”.
Por su parte, el diputado Enrique Thomas, explicó que “la primera que trajo esta problemática a la Cámara de Diputados fue Gisela Valdez, con una inquietud y una preocupación de una situación que se extendía a través del tiempo indebidamente porque desde agosto del 2024 está vigente el decreto 765 de Presidencia de la Nación, que establece la exhibición del pago de aranceles para eventos privados”.
Manifestó que “probablemente todos hemos sido víctimas, en algunos casos, de esta situación, una persona que llega en medio de la noche y que exige un pago, muchas veces con algunas amenazas de que se puede suspender la fiesta, que hay que apagar la música. Esto se terminó y esta reunión de hoy es parte de una estrategia que nos hemos fijado con el diputado Cairo y la diputada Valdez, desde que generamos esa resolución, que quiero resaltar que fue aprobada por unanimidad”.
“A partir de allí nos dimos otra tarea, que era conversar y juntarnos con todos los que tenían que ver de una u otra manera en la aplicación de este decreto, desde el jefe de los fiscales de la provincia de Mendoza, el Poder Ejecutivo, con el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de gobierno Natalio Mema, la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Todos estos dirigentes y funcionarios han estado trabajando en forma coordinada”, agregó, asegurando además que “realmente Mendoza está marcando rumbo para darle una solución al tema”.
Aseguró el legislador que “esta tarea que nos estamos dando, no va a terminar acá porque todavía hay situaciones irregulares a resolver y nosotros vamos a insistir y si podemos ayudar a otras provincias a hacer lo mismo que está haciendo la provincia de Mendoza, la coordinación de los tres poderes del Estado, lo vamos a hacer”.
Advirtió además que la Ley de Propiedad Intelectual “tiene 100 años, es de 1934, en tiempos en los que no existían las plataformas digitales, no existían un montón de cosas que modifican el contexto en el cual se hacen este tipo de cobros”.
En esta línea argumentó que “el gobierno nacional está tomando decisiones fuertes y ahora nos queda este desafío a nosotros, esta tarea de comunicar, difundir, recibir las denuncias en el caso de que se produzcan situaciones irregulares y poner orden en una situación que llevaba 40 o 50 años en la provincia de Mendoza, en donde se realizaban cobros sin comprobantes, sin un recibo, en muchos casos sin una factura, sin un cuadro tarifario donde el que cobraba determinaba de acuerdo a la cara del cliente cuánto iba a cobrar. Así que situaciones irregulares por doquier que van a terminar si nosotros trabajamos coordinadamente con el gobierno de la provincia, coordinadamente con el Ministerio Público Fiscal, coordinadamente con la legislatura de Mendoza para poner orden en una situación que llevaba demasiado tiempo”.
Con este objetivo, se realizó una reunión con directivos de la Federación Argentina de la Industria de Eventos (FADIDE) y de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHG), con quienes se analizaron desde distintas perspectivas, la nueva situación legal de los cobros que llevan a cabo las sociedades de gestión colectiva de derechos tras el Decreto nacional y su reglamentación.
María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba e integrante de la Federación Argentina de Industria de los Eventos (FADIDE) indicó que “nuestro trabajo es una industria sin chimeneas. Son los salones de eventos en los que hay una gran cantidad de rubros involucrados”, asegurando que hace años que la institución viene trabajando con una agenda en la que en primer término está el comportamiento de SADAIC y de AADIPIF, que según dijo “es un monopolio discrecional con ausencia de una organización que haya presentado un balance”, no obstante lo cual, “la intención no es estar en contra de pagar lo que corresponda pero si de terminar con las decisiones unilaterales que perjudican al sector”.
En este sentido dijo que “buscamos sincronía, no estamos en contra de ningún derecho, lo que estamos haciendo es defender nuestro derecho a trabajar con parámetros que tengan algún tipo de criterio razonable para cobrarnos los cánones”.
En tanto, la directora provincial de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero expuso que “cuando salió la resolución había mucha incertidumbre, entonces empezamos a buscar en la Dirección Nacional de Defensa Consumidor más precisiones y obtuvimos un dictamen que nos sirvió como base a nuestra resolución provincial. En primer término, como gobierno respetamos la propiedad intelectual, porque está en la Constitución, en el artículo 17. Es un derecho que tienen todos los intelectuales o los que se dedican al arte a tener su protección legal”.
Comentó que mantuvo una reunión con el gerente de SADAIC y que Mendoza “sostuvo la postura del decreto y sostiene esa postura porque está plenamente en vigencia. Y el que puede interpretar y declarar la inconstitucionalidad es un juez. Entonces, como le dijimos al gerente, dentro de este ejercicio de la democracia, ustedes tienen herramientas, si están en desacuerdo, de presentar ante quien corresponda la inconstitucionalidad del decreto. Pero mientras eso no suceda, nosotros vamos a seguir actuando a favor del decreto, porque además nosotros tenemos mandatos, primero la Constitución, por el artículo 42° de la Constitución, que habla de los derechos de la empresa consumidor, y después, por la Ley nacional, la Ley 24240, y nuestra Ley provincial, la 5547”.
Respecto a las tarifas que se cobran, Lucero aclaró que “se les está cobrando a los colegios, las pistas del fin de año, cuando hay una Ley que exceptúa a los establecimientos de educación, diciendo que no se debe cobrar el manifiesto. Así también, trabajamos con la DGE para que mande un memorándum a las directoras o directores de escuelas, porque no corresponde”.
“Para que el consumidor en Mendoza esté informado fehacientemente, emitimos la Resolución 439 donde manifestamos que deben todos los salones de eventos informar a los consumidores, que es la cartelería exhibida claramente en todos los ingresos al inmueble y en un lugar claramente visible para el consumidor y con carácter destacado que no deben abonar, no deben pagar absolutamente nada. Los salones son los primeros que tienen que defender este Decreto porque los consumidores ya están buscando lugares que no están autorizados para poder hacer sus eventos, quinchos, fincas, pueden ser un montón de lugares que están buscando para no pagar esta pena”, enfatizó, adelantando que “pronto vamos a comenzar con las inspecciones en los salones a ver si esta Resolución está como debe estar, pegada en la puerta de acceso de los salones o donde está la pista también”.
También expusieron en representación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Pablo Ortiz y Gerardo Dent, quienes manifestaron que la entidad que representan “viene luchando para que las habitaciones de los hoteles sean consideradas privadas y no del ámbito público para las asociaciones mencionadas que cobran derechos intelectuales”.
Detallaron los logros alcanzados en ese sentido a lo largo de los años, considerando que lo alcanzado hoy “es histórico”, mencionando que el sector tributa a cinco entidades, algunas de ellas están cobrando el 2% de la facturación bruta. “Es una locura ese monto que se decide de forma arbitraria”, remataron.
Auguraron que el Decreto 765/24 viene a desregular y a generar cosas muy positivas para la industria del turismo, tan importante aquí en Mendoza, y viene a traer más certeza respecto de qué es lo que tiene uno como consumidor, pero también como persona que se dedica a los negocios respecto a lo que tiene que pagar”.
Finalmente la diputada Gisela Valdez y el diputado Gustavo Cairo hicieron hincapié en la “necesidad de intervenir y compartir lo que sucedía a lo largo de toda la Argentina con el cobro, con el pago de estos aranceles”
“La discrecionalidad del cobro, en qué se basaba, cómo, quién, quién cobraba, y todos conocíamos otro tipo de negocios circundantes a los cuales no nos vamos a referir pero sabemos que pasaba y pasa y que molesta”, subrayó Valdez, celebrando sí “que podamos hablarlo, ya que da un manto de claridad “.
Cairo ponderó el trabajo conjunto de los poderes del Estado y de todos sus funcionarios “tratando de hacer cumplir la Ley, tratando de hacer justicia con estas cuestiones, porque la tecnología ha avanzado y ahora cuando vos en tu casa, ámbito privado, pones una canción en Spotify o en Youtube, le estás pagando realmente al intérprete o al autor de la obra no al intermediario. Entonces, se han ampliado los derechos de los reales intérpretes y compositores”.
Normativa
La norma de la Nación exime del gravamen exigido por SADAIC, AADI-CAPIF y otras entidades como Argentores (SAGAI y DAC), a todos los eventos de carácter privado, así como a los salones donde tales eventos se realizan, hoteles, clínicas y hospitales, por los televisores que tengan en sus habitaciones, entre otras.
Mientras, la Resolución de la Cámara Baja hace referencia a una amplia difusión en todo el territorio de la Provincia de Mendoza del Decreto presidencial n° 765/24 que reglamenta la
Ley N° 11.723 de Propiedad intelectual, disponiendo que las fiestas que se desarrollen en un ámbito privado, sea este propio o alquilado para la ocasión, no deberán pagar derechos intelectuales a SADAIC ni a AADI–CAPIF. Entran en este concepto de “ámbito privado” las fiestas de egresados, casamientos, cumpleaños, y todo evento con asistentes individualizados, es decir con acceso público restringido.
Sólo deberán pagar derechos intelectuales a SADAIC y AADI-CAPIF los eventos realizados un espacio con acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas e insta a los responsables en la Provincia de Mendoza de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y a la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), a que instruyan a sus agentes en el respeto a lo dispuesto en el Decreto 765/24 y abstenerse de reclamar en eventos de carácter privado cobros indebidos, a fin de evitar la comisión de delitos tipificados por el Código Penal y un enriquecimiento sin causa del derecho civil.