Integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Franco Ambrosini (UCR), mantuvieron un nuevo encuentro en el que se abordaron los principales puntos de una normativa que cuenta con media sanción del Senado referida a introducir modificaciones a la Ley 9.120 (Código Procesal de Familia y Violencia Familiar). Es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que se centra en cambios claves para agilizar adopciones y proteger derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia, entre otros puntos.

A tal fin, participaron de la reunión la Dra. María Teresa Day, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza; Verónica Álvarez, Subsecretaria de Infancias, Adolescencia y Familia; la abogada Emilia Cabrera y funcionarios judiciales, quienes profundizaron en la propuesta.

Al iniciar el encuentro, Teresa Day realizó un repaso por cada uno de los artículos que se pretenden modificar y destacó que el principal fin es “agilizar los procesos” y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esto se condice con lo expresado en los fundamentos de la normativa, la cual expresa que “la reforma de este Código realizada en 2018 fue necesaria y auspiciosa, resultando sin lugar a dudas un gran avance. No obstante es necesario considerar algunas modificaciones, (…) que contribuirán al proceso de adopción, siempre teniendo como especial consideración el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia”, para ello, es necesario “reducir los tiempos en los procesos de adopción de manera de garantizar” este derecho.

En pocas palabras, las modificaciones propuestas no solo benefician a las partes involucradas en los procesos judiciales, sino que también optimizan la gestión del sistema judicial. A su vez, otras proposiciones realizadas vinculadas a las notificaciones en casos de adopción y medidas de protección, que buscan agilizar los procedimientos y centrar los derechos de niñas, niños y adolescentes, se constituyen en uno de los principales avances que propone la Ley.

En sí, la reforma radica en facilitar los procesos de adopción, con un enfoque en reducir los tiempos judiciales y priorizar el bienestar de los menores. Day destacó que “trabajamos mucho en conjunto. Nos pareció muy bueno y aportamos también algún tipo de protocolo que estamos utilizando. El eje central es la agilización de los procesos en tema notificaciones, en tema violencia, en tema adopciones, o sea, creo que estos son los ejes y en mediación que es la puerta de entrada al proceso de familia. Este proyecto va a facilitar el acceso de la justicia”, subrayó.

Asimismo, la jueza indicó que “la adopción es un tema muy importante, se está trabajando muchísimo desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también y desde el Poder Judicial donde hemos alcanzado grandes logros y creo que podemos lograr más con estas reformas también”.

En tanto, Verónica Álvarez manifestó que la iniciativa se “centra en las infancias y adolescencias. Trabajamos este proyecto porque consideramos a los niños, niñas y adolescentes como lo principal, y sobre todo por el respeto a los tiempos biológicos. Las instituciones alargamos los tiempos”, concluyó.

Asimismo, resumió que al elaborar el proyecto “hemos intentado corrernos de la visión adultocentrista”, quitarle importancia a “los conflictos entre adultos y volver a centrarnos en el niño. Por todo ello es importante que aprobemos esta ley, y que vayamos en este camino”.

En el mismo sentido, se expresó en la mesa que “las modificaciones contribuyen a la tutela judicial efectiva” y la propuesta “está en el marco del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para el gobierno de la provincia es una política de Estado, estamos trabajando y nos parece muy importante la sinergia de los tres poderes del Estado”.

Proyecto de reforma de la Ley 9.120

El proyecto, que busca mejorar la eficacia y celeridad de los procesos judiciales en temas de adopción, violencia familiar y derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluye modificaciones clave que buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial en estos ámbitos.

Una de las principales reformas se centra en agilizar los procesos de adopción, con el objetivo de reducir los tiempos que enfrentan los niños y niñas en situación de adoptabilidad. Actualmente, muchos niños permanecen institucionalizados o en hogares de acogimiento durante largos períodos, afectando su derecho a vivir en una familia.

Se propone además la modificación del Artículo 19, con el fin de acelerar el juicio de adopción una vez cumplidas las etapas previas, como la declaración de adoptabilidad y la guarda con fines de adopción. Además, se busca eliminar la discordancia entre la documentación legal y la percepción social del niño, que ocurre cuando los apellidos de origen del menor no coinciden con los de los adoptantes durante la guarda preadoptiva.

El proyecto también propone que los guardadores de niños mayores de 5 años o aquellos que forman parte de grupos de hermanos no tengan la obligación de contar con patrocinio letrado durante el proceso de adopción, lo que se considera una medida razonable para facilitar la celeridad de los trámites.

En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, el proyecto introduce modificaciones en el proceso de mediación. En situaciones de violencia de género, se propone que las audiencias de mediación sean optativas para las víctimas y que los jueces puedan tomar recaudos para evitar que la víctima se vea obligada a participar en un proceso donde la disparidad de poder impida una negociación justa.

La reforma también busca modernizar el sistema de notificaciones judiciales, incorporando el uso de mensajería instantánea, como se implementó durante la pandemia. Esto permitiría una mayor eficiencia y agilidad en la comunicación de actos procesales, especialmente en casos urgentes de violencia familiar.

El proyecto de ley aborda una variedad de temas, como la creación de un Registro de Mediadores Ad-Hoc para mejorar la atención en los procesos de mediación, y propone modificaciones en varios artículos clave del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar para garantizar una mayor protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como una respuesta más efectiva ante situaciones de violencia.