La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado, la media sanción referida a introducir modificaciones a la Ley 9.120 (Código Procesal de Familia y Violencia Familiar). Es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que se centra en cambios claves para agilizar adopciones y proteger derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia, entre otros puntos.

El proyecto, que busca mejorar la eficacia y celeridad de los procesos judiciales en temas de adopción, violencia familiar y derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluye modificaciones clave que buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial en estos ámbitos.

Una de las principales reformas se centra en agilizar los procesos de adopción, con el objetivo de reducir los tiempos que enfrentan los niños y niñas en situación de adoptabilidad. Actualmente, muchos niños permanecen institucionalizados o en hogares de acogimiento durante largos períodos, afectando su derecho a vivir en una familia.

Se propone además la modificación del Artículo 19, con el fin de acelerar el juicio de adopción una vez cumplidas las etapas previas, como la declaración de adoptabilidad y la guarda con fines de adopción. Además, se busca eliminar la discordancia entre la documentación legal y la percepción social del niño, que ocurre cuando los apellidos de origen del menor no coinciden con los de los adoptantes durante la guarda preadoptiva.

El proyecto también propone que los guardadores de niños mayores de 5 años o aquellos que forman parte de grupos de hermanos no tengan la obligación de contar con patrocinio letrado durante el proceso de adopción, lo que se considera una medida razonable para facilitar la celeridad de los trámites.

En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, el proyecto introduce modificaciones en el proceso de mediación. En situaciones de violencia de género, se propone que las audiencias de mediación sean optativas para las víctimas y que los jueces puedan tomar recaudos para evitar que la víctima se vea obligada a participar en un proceso donde la disparidad de poder impida una negociación justa.

La reforma también busca modernizar el sistema de notificaciones judiciales, incorporando el uso de mensajería instantánea, como se implementó durante la pandemia. Esto permitiría una mayor eficiencia y agilidad en la comunicación de actos procesales, especialmente en casos urgentes de violencia familiar.

Aborda además una variedad de temas, como la creación de un Registro de Mediadores Ad-Hoc para mejorar la atención en los procesos de mediación, y propone modificaciones en varios artículos clave del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar para garantizar una mayor protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como una respuesta más efectiva ante situaciones de violencia.

Una de las modificaciones introducidas a la media sanción del Senado, tiene que ver con las notificaciones por autorizaciones de viaje, como así también en cuanto a los casos en los que el denunciante podrá solicitar audiencia.

Debate

Silvina Gómez (UCR)  destacó que “este proyecto busca garantizar la protección más efectiva y eficiente de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia y de los grupos más vulnerables como son también las personas que son víctimas de violencia familiar. Tenemos una reforma en el año 2018, que tuvo unos avances muy relevantes en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero casi habiendo transcurrido seis años de la misma, es necesario debido a los cambios en la realidad social, los avances tecnológicos y la experiencia acumulada,  revisar y perfeccionar esta Ley”.

Es por eso que “en la mediación en particular, el cambio es fundamental donde en los casos de violencia familiar pasa a ser optativa, esto es en consonancia con la Ley Nacional N° 26.485 que expresamente prohíbe la mediación en los casos de violencia contra las mujeres“, explicó.

En esta línea destaca que “esto es en favor de protección de la víctima,  por lo que esto es un trámite posterior, cuando están cumplidas las medidas de protección. El cambio está en que el Juez va a poder fijar a pedido de parte del denunciante, la cuota alimentaria a favor de la persona que está en situación de violencia, como así también la indemnización del daño causado por esa situación de violencia, establecer pautas relativas al cuidado personal de los hijos y al derecho a la comunicación, como así también disponer de la entrega de efectos personales y laborales que hagan quedado en el ámbito en el que habitaban”.

Señaló además que la media sanción volverá al Senado al incorporase una modificación. “Este proyecto viene ya con media sanción del Senado, que fue votado por unanimidad y luego de esta media sanción, llegó a la Comisión un pedido por parte de la Federación del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, donde nos pedía una modificación y agregar un inciso respecto a la audiencia para poder incorporar que el denunciante también  pueda solicitar esta audiencia. Y habiendo trabajado mucho en ello, se ha dado lugar”.

“Siempre van a poder pedir una cuota alimentaria, las pautas relativas al cuidado personal del niño y niña adolescente, y en cuanto a los efectos personales”, subrayó.

Por su parte, el diputado Mauro Giambastiani (MM) adelantó su “acompañamiento al proyecto. Creo que todos los proyectos que vengan para agilizar estos procesos (de adopción, fundamentalmente) pero poniendo el foco sobre los niños y las niñas creo que es lo que necesita hoy en día la provincia de Mendoza”.

“No es solamente lo que nosotros damos, sino que es lo que los niños esperan de nosotros; que se entienda que es una responsabilidad, es sentarse y ver qué necesidades tienen”, indicó Giambastiani poniendo el foco en los niños, niñas y adolescentes e invitó a sus pares a participar apadrinando o amadrinando.

A su turno, el diputado José Luis Ramón (CyC) adelantó el voto positivo del interbloque que integra y destacó que “es satisfactorio que hemos logrado todas las fuerzas políticas tener un acuerdo. Realmente modernizar y agilizar el Código Procesal para dirimir las cuestiones del derecho de las familias”. Agregó Ramón que se requiere de “celeridad, eficiencia en el trayecto que tiene que recorrer cada una de estas personas vulnerables para resolver el conflicto, accesibilidad, y el necesario impacto positivo que tiene que tener la Justicia en la resolución de estos conflictos”.

Subrayó que esos conceptos han sido “el pilar central que nos ha hecho poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas, no solo de nuestra Legislatura, sino en el Congreso de la Nación y en cada uno de los momentos en que se discuten estos tratados sobre los derechos humanos que aprobó nuestra Argentina”. Por último, ponderó los acuerdos entre las fuerzas políticas para poder apoyar esta iniciativa y detalló que “la reforma es positiva”.