{mosimage} Las comisiones de Obras Públicas, Legislación, Hacienda y Ambiente se reunieron con el sub procurador del Tesoro de la Nación, el fiscal de Estado Provincial, el subsecretario Servicios Públicos y representantes del EPAS para conocer el estado de 4 demandas contra la Provincia presentadas ante el CIADI por empresas prestadoras de servicios públicos. Habría incumplimiento de parte de las privadas.
Integrantes de las comisiones de Obras Públicas; Legislación y Asuntos Constitucionales; Ambiente,
Urbanismo y Vivienda; y Hacienda y Presupuesto recibieron a Adolfo Scrinzi, sub procurador del Tesoro de la Nación; Pedro Sin, Fiscal de Estado provincial; y a Marcelo Costas, Subsecretario de Servicios Públicos, junto a representantes del EPAS para conocer detalles sobre la situación de las 4 demandas que se mantienen contra la Provincia.
Las empresas que han iniciado acciones legales frente al CIADI son Saur y Asurix, accionistas de OSM, Recovery Trust, que realizaba gestiones de cobranza para el Banco de Mendoza y EdF y Sauri, relacionadas a EDEMZA.
Según explicó la diputada Amalia Monserrat (ConFe), titular de Ambiente, las demandas que existen en contra de Mendoza están a cargo de la Nación, debido a que los procesos han sido presentados por las empresas privadas ante el CIADI, organismo internacional que se encarga de oficiar ante este tipo de reclamos. Ante estos casos sólo la Nación es "sujeto de derecho internacional".
"El Ejecutivo provincial tiene que estar muy atento en darle toda la información al procurador del Tesoro de la Nación" afirmo Monserrat y agregó además que Mendoza "no debe permitir la venta de las acciones si no está la renuncia (a las demandas en contra de la Provincia)".
Por su parte el Fiscal de Estado, Pedro Sin aseguró que "ha habido incumplimientos por parte de la empresa" y que la provincia "ha realizado lo que debía hacer a los efectos de que se pueda renegociar. Según Sin, esto fortalecería la posición de Mendoza frente al organismo internacional donde se han presentado las demandas.
Los dichos del fiscal se relacionan con el acta de entendimiento que fue firmada por el Ejecutivo y las empresas con acciones de OSM durante el gobierno de Julio Cobos. Este acta estipulaba la renegociación del contrato de concesión y la renuncia a las demandas por parte de las empresas. Lo último no se habría cumplido.