para el tratamiento del expediente correspondiente, al no alcanzar mayoría especial para expedirse al respecto. En consecuencia, el proyecto queda pendiente de tratamiento para la próxima semana.
Las modificaciones a la ley de Obra Pública fueron además enriquecidas por otras propuestas de los diputados Jorge Tanús (PJ) y Roberto Blanco (Concertación Plural). Además, se recibieron inquietudes de Colegios profesionales afines al tema en cuestión y también sometidas al consenso político de todos los bloques. Sin embargo, aún las posiciones se dividen en dos sentidos los que se oponen absolutamente a modificar el instrumento legislativo que tiene vigencia desde hace casi 30 años y aquellos que quieren adecuarlo a las circunstancias actuales de una economía provincial, nacional e internacional crítica.
El justicialismo aseguró nuevamente que las modificaciones tratan de darle mayor agilidad a los trámites burocráticos correspondiente al llamado a licitación, ajustar los controles para no perder la transparencia en los actos de adjudicación de obras, a la vez que producirán más cantidad de puestos de trabajo y los beneficios que redundan en el hecho de lograr obras en el ámbito provincial y departamental.
La oposición considera que se debería agilizar la gestión política y administrativa en torno a las licitaciones, sin perder esta instancia, para alcanzar los mismos objetivos de fondo que se plantean respecto de las contrataciones directas.