consecuencias negativas de impacto ambiental grave, que tienden a destruir suelos que naturalmente deberían tener otros usos y no lo que se destinan actualmente por falta de un marco jurídico adecuado.
Presidió la reunión la titular de la Comisión, Amalia Monserrat (Confe) acompañada por los justicialistas Juan Dávila, Nidia Martini y Mireya Díaz; los demócratas Mario Casteller y Antonio Spezia; el radical Jorge Serrano y por la Concertación Plural, Roberto Blanco.
El funcionario del Ejecutivo manifestó que la media sanción que hoy está en revisión de Diputados cuenta con una valoración positiva en rasgos generales. Carmona señaló que la misma no es la expresión del Gobierno, pero cuenta con el aval de organismos científicos y académicos de Mendoza.
Dijo luego que “nos preocupa no contar con un instrumento que en su implementación  sea ejecutable”. Abogó por la realización de un próximo encuentro que reúna a diputados y senadores para consensuar  posturas que obedecen a dos concepciones ideológicas distintas sobre el reordenamiento territorial. Al respecto acordaron una reunión para el próximo martes 7 de abril, a las 17.30, en la Cámara de Diputados. De esta forma, las modificaciones que proponga la Cámara Baja llegarían consensuadas al Senado provincial.
Uno de los temas que merece mayor consideración es la clara especificación para garantizar una ley integradora; sistémica; que garantice la participación ciudadana, a través de los organismos que corresponda, para un adecuado proceso de planificación gestión, ejecución y control. Esta articulación deberá ser totalmente independiente a los intereses funcionales a sectores políticos y/o económicos.
Deberá quedar también plasmado en la ley, no en la reglamentación de la misma, la competencia propia de cada organismo tanto en el tema hídrico, de infraestructura, turismo, deporte, entre otros.
Se discute además cuál será el órgano de aplicación de la norma. Entre las propuestas se mencionó la creación de una entidad autárquica que coordine la participación de todos los organismos que ordenan el uso del suelo. Como también jerarquizar un organismo estatal que trabaje con los municipios y todos los sectores públicos y privados involucrados en el tema.
En cuanto al seguimiento, fiscalización y control en la aplicación de la ley se busca garantizar la trasparencia de procesos permanentes y dinámicos con controles cruzados para evaluar desde el ordenamiento territorial estratégicos hasta los proyectos individuales y puntuales sobre el uso del suelo.