El empréstito en cuestión sería instrumentado en dos etapas. La primera, mediante la suscripción de un contrato de préstamo o la constitución de un Fideicomiso Financiero para la emisión de títulos de deuda o valores representativos de deuda pública de circulación privada y de carácter provisorio, mientras que la segunda etapa, sería desarrollada mediante la creación de un Fideicomiso Financiero con oferta pública.
En este último caso, los fondos obtenidos por la emisión de títulos, se destinarán en primer término a la cancelación del préstamo o los títulos de deuda pública de circulación privada y provisoria, y el remanente, a la construcción de viviendas en el marco de este programa.
Además, se autorizaría a la provincia a subsidiar el costo financiero del empréstito en lo que exceda un cinco por ciento.
Los legisladores, coincidieron en la necesidad de seguir analizando la propuesta y contar con toda la información relacionada con la situación financiera de la provincia.
Según señaló la diputada radical Liliana Vietti, primero hay que “ver todas las cuentas provinciales, todo lo que Mendoza deberá financiar porque hoy la situación está complicada”.
En igual sentido, Roberto Pradines (PD), indicó que previo a la aprobación del proyecto de ley “hay que estudiar la totalidad de la necesidad de financiamiento que tiene la provincia”, mientras que Ricardo Puga (PIM), añadió que “como el crédito cambió sus condiciones, habría que hacer una operatoria completamente distinta”.
Al respecto, Carlos Bianchinelli (PJ), manifestó que habría que confeccionar “un lista de solicitudes y dudas para que sean respondidas por los funcionarios provinciales, y así avanzar en el tema para motorizar la construcción de viviendas y no perder los recursos”.
En total, serían alrededor de 7.700 viviendas las que serían construidas con esta operatoria y según expresó Simó, al variar las condiciones el Estado provincial debería subsidiar una parte de la tasa de interés por encima del 5 por ciento.
Por otra parte, los diputados manifestaron también la necesidad de asegurarse el recupero de los fondos a través de las cuotas que los adjudicatarios paguen y, en ese sentido, Simó aseguró que a la actualidad, la morosidad promedio del IPV ronda el 20 por ciento.
“Del 100 por ciento, en el 2008 tuvimos un recupero del 82% y este promedio ha ido en aumento. La morosidad se explica en cantidad de adjudicatarios y actualmente, muchos de los que no pagan son quienes tienen una cuota baja y por ende, tienen menor incidencia”.


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