Según indicó el asesor jurídico de la empresa, Raúl Rodríguez, este sistema de consulta pública “ayuda a disipar todas las dudas. Hay 60 días hábiles para realizar las objeciones por escrito, que luego serán evaluadas por la autoridad competente, y así llegar a la audiencia pública con todo evaluado desde el aspecto técnico”.
Asimismo, sostuvo que de obtenerse la declaración de impacto ambiental, “es una licencia dinámica”, que no constituye “un cheque en blanco” porque “su máxima duración es de dos años”.
Además, dijo que “la autoridad minera puede suspenderla cuando haya una situación que amerite detener la explotación o si no se cumplen con los parámetros aprobados”.
En el mismo sentido, subrayó que tienen un doble monitoreo. Por un lado, el Estado “que tiene la obligación de realizar los controles”, pero además, “una red de vigiladotes privados que está formado por los municipios, las organizaciones no gubernamentales y el superficiario, que es el dueño del terreno, y los vecinos”.
Minera San Jorge, es subsidiaria de Coro Mining Corp que lleva delante un proyecto mediano de cobre con subproducto de oro. Según manifiestan, no se utilizará ácido sulfúrico, mercurio ni cianuro, tal como lo establece la ley provincial 7722, sino que se trata de una mina a cielo abierto cuyo desarrollo se basa en un proceso convencional de flotación.
La inversión inicial ronda los 277 millones de dólares, con un período de construcción de 24 meses y una vida de la mina, de 16 años.
Se calcula que tendrá una producción anual promedio de 40 mil toneladas de cobre y 40 mil onzas de oro, que implicará una inversión en etapa de construcción de 83 millones de dólares para Mendoza, y de 30 millones y medio de dólares para el resto del país. En materia de operación, la inversión rondará los 48 millones de dólares en la provincia, y los 12 millones de dólares en la Argentina.
Por otra parte, los representantes de la empresa resaltaron que el proyecto implicará una generación de 2000 puestos de empleo directos y otros 1.900 indirectos en la etapa de construcción, más 400 empleos directos y 1500 indirectos en la fase de operación.
Los legisladores, realizaron consultas vinculadas con las modificaciones en el ambiente y sus ecosistemas que una actividad de esta naturaleza pudiera generar. En esa materia, expresaron que el área del proyecto está ubicada dentro de la Cuenca de la Ciénaga del Yalguaraz, y que el suministro de agua provendrá desde el Arroyo El Tigre, que tiene flujo permanente todo el año.
Al respecto, aseguran que el “Plan Director del Río Mendoza, del Departamento General de Irrigación, no considera que dicho arroyo sea aportante al Río Mendoza, y que debido a que el Arroyo nace y muere dentro de la Estancia Yalguaraz, los derechos de uso de agua pertenecen a Minera San Jorge.
Sin embargo, sostienen que el consumo de agua requerido para el proyecto es de 141 litros por segundo, consumo que equivale a 140 hectáreas de viña con riego por goteo.
En la misma línea afirmaron que se realizará control de polvo, de estabilidad de taludes, de escurrimiento y drenaje superficial, y que la calidad del agua contenida en las colas cumple con las normas provinciales. De igual forma, indican que la filtración de agua contenida en las colas no supera los 10 metros de profundidad.
En cuanto a la fauna y flora, expusieron que solamente hay una especie de cactus protegido del tráfico internacional, así como el zorro gris es la única especie catalogada como en “peligro”.
Agregaron al respecto, que Minera San Jorge creará en parte de la Estancia Yalguaráz una reserva natural y que trabajará en conjunto con una institución ecológica para su manejo.
Rodríguez, dijo sobre lo establecido en la legislación provincial vigente que están “convencidos que no estamos infringiendo ninguna normativa” y que la actividad que desarrollará la minera “es una excepción dada por la misma naturaleza” dado que “la mayoría de las otras explotaciones mineras necesitan la utilización de sustancias no permitidas por la ley, como el ácido sulfúrico”.
Participaron de la reunión los diputados Amalia Monserrat (ConFe), que preside la comisión de Ambiente, Roberto Blanco (CP), Mario Casteller (PD), Mireya Díaz (PJ), Jorge Serrano (UCR), Juan Dávila (PJ), Roberto Infante (ConFe), Daniel Vilches (UCR), Alejandro Molero (ConFe), Humberto Montenegro (ConFe), Fabián Miranda (PJ) y Luis Orbelli (PJ unipersonal.