Para cumplir con lo previsto, se dispone que el Ministerio de Seguridad dará la más amplia difusión posible al ofrecimiento de la recompensa, a través de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. En tanto, el monto de la misma, será fijado atendiendo a la conmoción pública que el caso haya originado, su complejidad, a las dificultades que existan para la obtención de información útil y a la peligrosidad del autor.
Si fuera necesaria la distribución de dicha suma entre dos o más personas, el monto fijado en la recompensa será distribuido entre quienes se presenten a suministrar la información y conforme a la relevancia del aporte a la investigación del delito
Sin embargo, se deja sentado que el monto determinado no podrá exceder en ningún caso, la suma de 200 mil pesos.
Reserva de identidad
Por otra parte, la media sanción de la Cámara Baja señala que las personas que deseen aportar la información mencionada, podrán solicitar la reserva de identidad de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia.
La obligación de asegurar la confidencialidad a la información y la reserva de la identidad de las personas que suministren información alcanza a todo funcionarios o empleado que tome conocimiento de ella o intervenga, de cualquier manera, en el procedimiento que se establezca por la ley.
Exclusiones
Quedan excluidos del derecho a recibir recompensa quienes hayan participado en el hecho delictivo, los funcionarios públicos, el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad, el personal perteneciente a organismos de inteligencia del Estado, y los familiares de las personas mencionadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Según consta en los fundamentos de la propuesta, la iniciativa tiene su origen en la “necesidad de dotar al sistema penal una herramienta que permita sancionar a los eventuales responsables de un hecho delictivo, cuando por las especiales características que lo rodean tiene la capacidad de repercutir negativamente en la sociedad, ocasionando estupor y perturbación pública”.
“Toda política de seguridad – continúa diciendo Petri -, debe contemplar la participación de la ciudadanía tanto en la prevención del delito como en la represión de los mismos involucrándose en su esclarecimiento”.
En este marco, “entendemos importante que el Estado, en determinadas circunstancias, aliente e incentive el aporte de información, testimonios, documentación y todo otro elemento que permita esclarecer estos hechos delictivos que hieren y perturban el normal desenvolvimiento social, de forma tal de individualizar a sus autores, cómplices y encubridores, y poder desbaratar así las bandas, lograr la libertad de las víctimas o la aprehensión de aquellos que hubieran participado en la consecución de los delitos”.