Martínez afirmó que “se intenta hacer un fideicomiso financiero de administración de crédito”, ya que para el banco son “deudores en gestión de mora” y que la idea es que se lleve a cabo en Mendoza un procedimiento igual o parecido a otras provincias, por ejemplo Chaco.
En este orden, el diputado Luis Petri (Confe) destacó que desde su bancada se desea que “se clasifiquen y discriminen la cantidad y calidad de los deudores”, ya que la aprobación de la ley debe “estar orientada únicamente a beneficiar a los pequeños y medianos productores de la provincia de Mendoza”. En el mismo sentido, el diputado Alexandre Maza (Confe) explicó que el problema es que “muchos tienen el poder de lobby” con este acuerdo y que por ello es importante tener una lista de deudores que se dedican a la producción ya que es a ellos a los que se necesita dar asistencia.
Según la óptica de Raúl Mercau, el convenio posibilita “recuperar una gran cantidad de deudores agropecuarios que tienen obligaciones con el Banco Nación” y agregó que hoy se acordó “hacer una denda (acta compromiso) al convenio, de modo que quede claro que los fallecidos y los quebrados no van a ser incluidos en la lista de deudores”. Además, a través de éste instrumento, se incluirán cláusulas que los diputados propusieron durante el encuentro. De todos modos, Martínez afirmó que “las modificaciones que estamos haciendo ya las tenemos instrumentadas en otras provincias”.
Quien también participó de la reunión fue el senador Vicente Russo (PJ) que expuso que con esto el banco cualifica su deudor, ya que no es lo mismo tener a la provincia como deudora que a una cartera determinada de clientes; frente a ello, Martínez, del Banco de la Nación, afirmó que al banco tampoco le conviene esperar 20 años para poder cobrar el dinero, por lo que se ha visto en el fideicomiso la posibilidad de hacer un esfuerzo conjunto con el Estado para recuperar ingresos.
Un punto importante sobre el cual también se debatió, fue el dinero que está previsto en ésta deuda para el pago de gastos judiciales y honorarios estimados de los abogados actuantes en los procesos de cobro deben percibir, a lo que se suma la comisión resarcitoria por gestión de cobranzas de éstos, lo que asciende a la suma de poco más de 10 millones de pesos. Frente a esto Marino Martínez afirmó que se hace una tasación nominal del dinero adeudado por lo que se debe tomar en cuenta que muchas de las deudas todavía están en proceso de cobro desde hace más de 10 años.
De este modo los diputados concordaron en la idea de solicitar un listado de los abogados a los que se les adeude este dinero para no permitir malas interpretaciones.
Asimismo, el titular de la comisión de Economía, el diputado Roberto Pradines (PD) solicitó al Gerente general de Riesgo y Gestión de Cobranzas, que el Banco deje de emitir cédulas de notificación a los deudores, ya que una vez aprobado el convenio con su aval legislativo correspondiente, estas intimaciones de pago encontraran su destino.
Por último se mencionó la posibilidad de extender los plazos que el convenio fija en materia de aval legislativo, previstos para mediados de abril de este año, ya que al incorporarse estas cláusulas y redactar el acta compromiso se debe tener más tiempo para volver a reunirse en el caso de que sea necesario. Por esto mismo, es el titular del Ministerio de Producción quien invitará a la Casa de Gobierno a los legisladores en caso de ser primordial una nueva revisión de la norma antes de su tratamiento.





Prensa Marzo 23 de 2010