Por otra parte, señaló que en ese tiempo también crecieron los salarios y las jubilaciones de los docentes, la construcción de nuevas escuelas, y la distribución de libros, entre otros.
“Tenemos la obligación como funcionarios políticos, así como lo tienen los directores de las escuelas, los docentes de la aulas, de poseer la información adecuada sobre todos los procesos que se trabajan”, expresó.
“Hay que tener una mirada trabajando mucho más los datos reales que tiene la escuela” porque así “las propuestas que se hacen también son reales y entonces los resultados pueden ser más elocuentes”, finalizó.


“Propiciar la inclusión”

El subsecretario de Educación de la Provincia, José Rivas, hizo referencia a una serie de aspectos que deberían ser contemplados en una nueva legislación en materia educativa, anticipando la necesidad de “priorizar la inclusión”.
El funcionario, resaltó que el concepto de inclusión debe abarcar también la ampliación de la cobertura educativa para responder a las demandas de la población que quiere terminar la escuela y seguir un oficio.
“Esto implica un compromiso. Propiciar el hecho que toda la sociedad se incluya, es una necesidad”, dijo.
Sin embargo, aludió además a tener en cuenta la responsabilidad de la familia en este contexto, “que no sólo es jurídica, sino que también es responsable del aprendizaje del chico. Para ello, se hace indispensable restablecer el contrato social entre la familia y la escuela”.
Asimismo, “es fundamental el rol y el valor de las organizaciones sociales, y encuadrar las funciones que a cada uno le compete para que pueda existir una convivencia escolar”, manifestó. Además, apuntó a la incorporación de la escuela en los nuevos modelos de gestión, la calidad en la evaluación de las competencias, realizar una evaluación de la política socioeducativa, y establecer un Fondo Provincial de Becas, entre otros puntos.


“Repensar qué queremos para los próximos 20 años”

La directora de Educación Superior, Alicia Romero, puntualizó la idea de realizar un diagnóstico de la situación que implique la identificación de los núcleos críticos, los distintos escenarios, y en definitiva “repensar qué queremos para los próximos 20 años”.
En ese sentido, habló de una definición de la educación desde distintas miradas, donde la función del Estado cumple un rol estratégico como “garante del bien público y de la igualdad de oportunidades”.
La búsqueda de los consensos es otro de los elementos que destacó la funcionaria, en relación a las políticas educativas de Estado “que garanticen la gobernabilidad de un sistema tan complejo y la continuidad en el tiempo”.
“Creo que el desafío es consolidar un sistema educativo que garantice justicia social y convivencia en igualdad de oportunidades, recuperando un pensamiento estatal y elaborando una agenda para el proyecto educativo”, puntualizó.
Al mismo tiempo, sostuvo que la “primera infancia es decisiva” en el desarrollo cognitivo, y añadió al respecto, que en las salas de 4 años, obligatorias de acuerdo a la legislación provincial vigente, aún resta incorporar a alrededor de 17.820 niños.
También resaltó el trabajo que debe realizarse para garantizar la terminalidad escolar y superar el bajo rendimiento fundamentalmente en comprensión lectora, que alcanza a un 23 por ciento.
Finalmente, hizo mención a la heterogeneidad de la demanda que recibe la escuela hoy, la carrera docente y el rol de la escuela, bajo el contexto actual, como aspectos a considerar en una nueva normativa.


“Alfabetización emocional”

Por su parte, el Licenciado Alejandro Castro Santander, expuso en representación de la Universidad Católica sobre una “deuda pendiente” que a su criterio constituye la “alfabetización emocional”.
Reflexionó sobre la complejidad creciente del ciudadano y el acompañamiento que debe realizar la escuela a esos cambios, así como el lugar que ocupa la familia como un núcleo “irreemplazable” en la sociedad.
Santander, indicó que “el desafío es que desde la escuela se produzcan cambios sociales, pero para eso, la escuela tiene que recuperar su autoestima”.
Resaltó al mismo tiempo, que las situaciones de violencia a veces también son generadas dentro de la misma escuela, y ejemplificó que “muchos buenos alumnos dejan de serlo en la pubertad y la adolescencia para poder pertenecer a un grupo” de compañeros.
Sin embargo, también puso énfasis en la violencia familiar - la “permanencia del aprendizaje de la violencia en el ámbito familiar” –, el “clima entre docentes que se ha complicado mucho” - en este último punto, mencionó la envidia como uno de los motores que impulsan esta situación de “violencia desapercibida dentro de una institución”, y la desautorización que la sociedad hizo de los docentes -, y el “abuso de poder” que se da en muchas oportunidades en la forma de evaluación.
Al respecto, dijo que hay que “insistir en la evaluación formativa y no como abuso de poder”, y resaltó la necesidad de incorporar a la educación las nuevas tecnologías, pero haciendo de los alumnos “usuarios responsables”.
Como propuesta, Santander subrayó la calidad educativa basada en la “convivencia de las escuelas en su contexto, para recuperar el pacto social”, incluir la alfabetización emocional, resaltar la importancia de los valores, y redefinir el rol de los medios de comunicación no ya como formadores de opinión sino agentes educativos.


“Igualdad de oportunidades para todos”

La vicedecana de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo, Alicia Berardini, esbozó lineamientos relacionados con la necesidad de que la nueva ley incluyera “precisiones sobre mecanismos que garanticen, entre otros, el aspecto presupuestario, como condicionante que dará soporte al desarrollo institucional y la capacitación docente”.
“Poner la mirada en los educadores”, puntualizó, en la formación docente “para responder a esta nueva sociedad “.
“Siempre hemos ido llegando tarde. Algo no estamos haciendo bien”, dijo, y añadió que “hemos formado docentes para contextos de hace veinte años atrás y hoy estamos paralizados frente a la realidad”.
Desde esa óptica, indicó que el concepto de “equidad social” debe conllevar una “igualdad de oportunidades para todos” y afirmó que cada vez “hay más necesidades especiales y capacidades especiales” que en su mayoría “no encuentran cabida en la educación tradicional. La escuela no está capacitada para darles respuestas”.
Como ejemplo, puso el caso de las personas sordas. “Casi no llegan a la universidad porque no respetamos su lengua, que es el lenguaje de señas”, expresó.
“El sistema ha quedado obsoleto, porque son sujetos en condiciones de aprender pero con otros paradigmas”, aseguró.
Para ello, “es necesario hacer un replanteo de la función de la escuela que hoy presta asistencias de todo tipo y están agobiadas por otras funciones que con el tiempo han ido asumiendo”, dijo.
En esa línea, bregó para que “la ley devuelva a la escuela su función, y dignifique y valorice al docente”.



Prensa Abril 9 de 2010