El ministro, explicó que la metodología para pagar recompensas consiste en “esperar el requerimiento de la justicia”, por ser ese ámbito – sobre todo por el trabajo de los fiscales -, el que “sabe el preciso momento” en que debe hacerse uso de esta herramienta.

En ese sentido, indicó que de las 49 recompensas ofrecidas en el último tempo, sólo se ha hecho efectiva una.

Por otra parte, respecto de los informantes, aseguró que se “paga contra resultados”. “Así se ha adoptado el mecanismo”, indicó, agregando que alguno de los resultados a los que hace referencia “están a la vista”, como son los hechos relacionados con la narcocriminalidad.

En cuanto a los seis casos aludidos por los abogados denunciantes, Aranda dijo que en ninguno se pagó recompensa y que sólo en algunos se efectivizó el pago de informantes.

Por otra parte, resaltó que el Ministerio tiene una “intervención activa en el pago de la información” y que si bien la ley los obliga a brindar ante el Tribunal de Cuentas una rendición global del uso de fondos reservados a fin de año, el Ministerio presenta esa información detallando caso, monto y resultado en forma habitual. “A veces trimestralmente, otras en forma semestral”, expresó.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Eduardo Bauzá, expuso que los recursos afectados a gastos reservados, además de utilizarse para las recompensas o el pago de información, también son destinados para los casos de testigos de identidad reservada en los que se hace necesario, por ejemplo, dotar de una vivienda o comida al testigo.

En tanto, el presidente de la Comisión, Ricardo Puga, resaltó la necesidad de hacer “más transparente” el manejo de los recursos para el pago de informantes.

Al mismo tiempo, subrayó que se están “recabando todos los datos necesarios”, y que se comenzaría a trabajar en un proyecto de ley “para reglamentar el uso de fondos para el pago de informantes”.

En igual sentido, el diputado Luis Petri (ConFe), afirmó que además, se incorporaría a la iniciativa legislativa la obligación por parte del Ministerio de efectuar rendiciones semestrales sobre causas y montos abonados bajo este concepto, ante la Bicameral de Seguridad.

Finalmente Puga adelantó que el próximo 26 de mayo será convocado a la comisión el procurador de la Corte, Rodolfo González, para continuar analizando la denuncia de los letrados.



Prensa - mayo 20