Por otra parte, dijo que el procedimiento está establecido por ley y agregó que durante 2009 en la Primera Circunscripción Judicial se autorizó el pago de recompensas para tres casos.

Respecto del pago de informantes, indicó que se trata de una facultad “amplia con pocos requerimientos”, que no está reglamentado, y en la que el Ministerio Público prácticamente no tiene ingerencia.

Sugirió sobre este punto, que no deberían mezclarse las funciones y que se tendría que acudir a otro organismo, como la Inspección General de Seguridad, para realizar controles.

“En la Inspección hay representantes del oficialismo y de las minorías con representación en la Legislatura, todos abogados especializados en la materia”, expresó González.

Por su parte, el presidente de la comisión, Ricardo Puga (PIM), planteó una serie de “contradicciones” entre lo expresado por el Procurador de la Corte y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda.

“Primero en cuanto a la cantidad de recompensas pagadas”, manifestó el legislador, teniendo en cuenta que si bien González dijo que se habían autorizado tres pagos de recompensas, Aranda había manifestado en una anterior reunión, que de todas las ofrecidas en el último tiempo sólo se había pagado una.

Además, hizo referencia a una compulsa penal presentada por la fiscalía obrante en el caso Ramet - Cedrón, (en el que se habría pagado sólo la tercera parte de la recompensa estimada), para determinar qué se hizo con el resto del dinero.

Puga, adelantó asimismo que la próxima semana será citado el Escribano General de la Provincia y que también serán convocados los familiares de las víctimas de los casos planteados por los abogados denunciantes.

Por último, dijo que volverán a citar a los abogados Varela y Acosta, para que amplíen su presentación ante la comisión.

Prensa – mayo 27