Dávila, manifestó que parte de esa reingeniería de recursos se orientó precisamente al servicio, ya que se adquirieron camionetas, utilitarios, se modernizó el sistema informático, se compraron repuestos, se cumplió con planes de pago con la AFIP así como con los compromisos bancarios asumidos mediante convenio por la actual concesionaria.
La duda de los legisladores de la oposición, gira en torno al artículo 2 del proyecto enviado por el Ejecutivo, por el cual se lo faculta a otorgar un anticipo financiero a la empresa de hasta diez millones de pesos, con el objeto de que se pueda cubrir las necesidades financieras “impostergables de corto plazo”.
En ese sentido, Dávila expresó que una vez “que la vieja empresa deje de estar operativa”, tiene “en la calle facturas por servicios prestados y no cobrados por unos 20 millones de pesos”, y es a “cuenta de ese dinero” que se otorgaría el préstamo.
De hecho, el texto de la iniciativa del Gobierno provincial, indica que “dicho anticipo será otorgado contra la garantía de la recaudación devengada al 27 de setiembre de 2010 y no percibida a esa fecha y contra las cuentas por cobrar provenientes de las deudas que mantienen los usuarios del servicio de agua potable y cloacas con dicha empresa. El Poder Ejecutivo fijará el plazo y la modalidad de devolución del anticipo a través del instrumento a suscribir con Obras Sanitarias Mendoza S.A.”.
La reunión estuvo presidida por la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo y el titular del bloque de diputados justicialistas, Carlos Bianchinelli, quienes acordaron con los presentes una nueva reunión, para el próximo jueves, a las 17.
Prensa 20 Julio OSM
Dávila dio detalles de la situación financiera de la empresa
El interventor de Obras Sanitarias Mendoza, Gonzalo Dávila, explicó a diputados y senadores detalles de la situación financiera de la empresa, de cara al tratamiento que deberá dar la Legislatura al proyecto de ley que busca prorrogar la intervención de OSM hasta fines de setiembre.
Durante el encuentro, del que participó también el titular del EPAS, Javier Montoro, se brindó un informe financiero de la actual concesionaria explicando la reingeniería de recursos que debió formularse para hacer frente a distintos aspectos relacionados con el servicio, el personal y los reclamos de los usuarios, entre otros puntos.
Según indicó Dávila, al momento de la intervención existían 11.300 reclamos que no habían tenido respuesta, para lo cual se asignó personal y se llegó a que en la actualidad, esa cifra disminuyera a 3000.
Por otra parte, dijo que hubo que “reordenar gastos” porque en una proyección del flujo financiero que se realizó, se llegaba a un estado negativo a mayo de este año.
Entre los ítem que provocaron el rojo, se encuentran incrementos salariales y reajustes de sueldos por adicionales y otros conceptos relacionados con una “homogeneización del salario” para quienes cumplen idénticas tareas, que forman parte del convenio de trabajo, pero también, cuestiones relacionadas al servicio que presta la empresa.
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