Debate

Carlos Bianchinelli, titular del PJ, expresó que la Intervención necesita de la aprobación del artículo segundo de la iniciativa que habla del financiamiento y opinó que, entre quienes se opusieron, hay “algunos que esperan que todo se pudra” y que “quieren que le explote (a la intervención) el tema salarios y que no le puedan pagar a los proveedores”. Además agregó que esto es “un acto de irresponsabilidad” e insistió en que “es irrisorio que sea la desconfianza la base para no aprobar el financiamiento”.
También Bianchinelli pidió que se estudie el grado de responsabilidad de funcionarios del EPAS y del Ejecutivo desde la privatización y expresó que toda la información que pidió la Cámara Baja fue otorgada.
Sobre el rol de los adjudicatarios dijo que “hubo un vaciamiento por parte de un grupo de empresarios” y que inclusive “hoy hay gerentes denunciados en la Justicia”.
Por otro lado “la intervención le devolvió a los trabajadores lo que les correspondía por ley” manifestó.
A su turno, Ricardo Puga (PIM) preguntó “¿cómo podrá funcionar la intervención sin los recursos necesarios?” y se expresó a favor de que la intervención avance “hacia la estatización”.
Puga opinó también que “las manos privadas deterioraron la única empresa eficiente que tenía el estado” y avaló la estatización “por principios ideológicos”.
Al mismo tiempo, el legislador abogó por una comisión bicameral de control del destino de los 10 millones de pesos. Asimismo, manifestó que todos los legisladores conocen cuales son los montos de dinero que se necesitan para tener a Obras Sanitarias funcionando correctamente; en este sentido expresó que a fin de 2010 se necesitarán 50 millones de pesos para los gastos de la empresa, unos 220 millones de pesos en 2 años para solucionar problemas actuales y alrededor de 500 millones de pesos para paliar el pasivo ambiental. Manifestó, también, que “hay que hacer de OSM una empresa estatal modelo”.
Desde el ARI, Néstor Piedrafita dijo “no voy a ser obstáculo en el proceso de estatización” y se basó en que “debemos defender el agua en Mendoza porque es el bien más preciado que tenemos” y además “el agua es un bien social y cultural, por lo tanto, constituye un derecho humano”, por eso “el agua debe estar fuera del sistema de mercado” que la concibe con un bien comerciable.
Además, el diputado manifestó que “OSM no acompañó con inversiones el crecimiento de la provincia”.
En relación a los 10 millones de pesos, Piedrafita se mostró a favor de su aprobación y comparó el monto que pretendía el Ejecutivo con lo que gastará la Provincia en función de ser sede de la Copa América de fútbol. “Para arreglar el estadio Malvinas Argentinas para la Copa América se va a gastar lo mismo que para OSM y hace dos meses que lo estamos discutiendo”, dijo.
Por su parte, el diputado Alejandro Limas (UCR) sostuvo que compartía la necesidad de reestatización pero con la necesidad de delinear que Estado es el que queremos que controle. Agregó que “la intervención debería ponerle fin a un estado caótico que se ha mantenido en la empresa. La intervención no hizo lo que debía y no fue austera, por ello, habría que pedirle cuentas para saber en que han gastado el dinero en este año”, manifestó también que “todos debemos hacernos responsables de lo que decimos”.
El presidente de la Cámara, ing. Jorge Tanús, dijo que su partido se hace responsable de haber dejado en manos privadas en el año 1998 a la empresa y haber sufrido consecuencias no queridas en torno a la prestación del servicio en años siguientes. A su vez expresó que en 12 años “no se ha cumplido el contrato, es más, ha habido vaciamiento y falta de compromiso con la Provincia por parte de los concesionarios”. Tanús, expresó también que no descarta “que haya intereses privados que obstaculizan la reestatización de OSM” y se mostró de acuerdo con la creación de una comisión especial de seguimiento que investigue “hasta que sea necesario” cuales han sido los funcionarios responsables de las consecuencias que se han tenido del mal funcionamiento de Obras Sanitarias.
Para Luis Petri (Confe) la “intervención de Obras Sanitarias ha sido nefasta”, y “los errores que esta gestión tiene se las atribuye al ex gobernador Julio Cobos y su gestión no fue tan mala. Creo que es necesario que se pongan las cosas por su nombre. No podemos tener confianza. Debemos tener una visión totalizadora de la historia.” El legislador concluyó al sostener que “el desafío que tenemos es el diseño de mejores servicios públicos”.
Luis Orbelli (PJ-Unipersonal) expresó que veía con preocupación la realidad porque “mientras hacemos pulseadas políticas o se observan las elecciones del año próximo, el suministro de agua y el servicio de cloacas debe prestarse de la mejor manera. Es necesario reconocer los errores del pasado pero sobre eso no debemos hipotecar el futuro del pueblo. Debemos tener madurez política”.


Desde el Eje Peronista, Silvia Ramos dijo que compartía desde lo “ideológico” algunas versiones que diputados expusieron sobre lo sucedido en OSM y resaltó que “es bueno que un gobierno del mismo signo político haya tomado el guante y se haya hecho responsable y aceptado el desafío” Manifestó, además, que personalmente toma las decisiones “a partir de lo que la gente me dice y debemos tener la madurez para saber que es lo que nos reclama el pueblo, porque voy a colaborar en todos los proyectos que apunten al bien común”.
Roberto Pradines (PD) expresó que “desde este bloque hemos sido coherentes a lo largo de los años, porque a las cartas entendimiento las votamos siempre en contra. Hay que mantener líneas de conducta.” Añadió que “como bloque no podemos acompañar la entrega de 10 millones de pesos para asistir este despilfarro, y de ello tienen la responsabilidad los que han gobernado, principalmente (Julio) Cobos”.
El diputado dijo, además, que “desde abril de 2009 pedimos la intervención del EPAS (Entre Provincial de Agua y Saneamiento), una fecha anterior a la de OSM, pero hoy el expediente sigue en comisiones”. Concluyó expresando que “los demócratas creemos que la prestación del servicio de aguas y cloacas debe estar en manos del estado. Las tarifas, el plan de obras y el diseño debe hacerlo el Estado pero la operación debe estar en manos privadas”.
Roberto Blanco (UP), apoyó la iniciativa pero se abstuvo de votar el segundo artículo porque, según él, la intervención no mejoró el servicio, ni realizó las evaluaciones técnicas, económicas y administrativas que debía.
Blanco calificó a la intervención como “desastrosa” y opinó que no se debería dar los 10 millones a “gente que mostró ineptitud”.
Lo mismo hizo Daniel Cassia (PJ Federal) quien argumentó que la “intervención no estuvo a la altura de la circunstancias” y la catalogó de “desafortunada”.


Prensa Julio 26