“El control societario del Estado no se negocia y en eso hay acuerdo de todos”, dijo Simón luego de la reunión y aseguró que se podría colocar una cláusula para que ninguno de los empresarios que estuvieron al frente de Obras Sanitarias Mendoza pueda acceder a estas acciones.
Además, explicó que sería necesario que la oposición integrara el directorio, a lo que los representantes de la UCR, el Confe y el PD dijeron que no, porque sostuvieron que el Ejecutivo es quien debe gestionar y su lugar debería quedar reservado en el EPAS, que es y será el órgano de contralor. Además, el Ejecutivo sugirió que se sume un integrante más, debido a que si es número par, quiere evitar que sea el presidente el que tenga la última palabra.
Sobre este tema también se discutió otra propuesta, en este caso del radical Raúl Vicchi, de que la designación de los integrantes del directorio cuente con la aprobación del Senado. Este punto también quedó en suspenso y sujeto a ser analizado.
En todo momento, Simón dejó en claro que “todas las modificaciones propuestas serán tenidas en cuenta porque esto surgió de un acuerdo con los presidentes de los partidos políticos de la oposición, porque consideramos que este tema es una política de Estado”.
Asimismo, se pusieron sobre la mesa de discusión varios aspectos financieros de la empresa, los cuales se discutirán el jueves, a las 10, en una reunión de Hacienda y Presupuesto. Y el lunes 6 de septiembre se volverán a encontrar los legisladores con los miembros de Labor Parlamentaria de ambas Cámaras para terminar de cerrar el despacho que llegará al recinto.
Prensa Agosto 30