“Acá hay que defender a los propietarios de la obra social, que son los empleados públicos”, expresó.
Al mismo tiempo, Costa puntualizó que otro aspecto que se pretende modificar es establecer la obligatoriedad del aporte para los jueces. Expuso al respecto que en muchos casos el juez que se jubila, que quedaría bajo la cobertura del PAMI, quieren afiliarse a la OSEP.
Por otra parte, el funcionario explicó que para 2011, pretenden hacer obligatorio el uso del carnet, con lo que se podrían evitar al menos dos situaciones: que los afiliados presten su carnet y que los médicos carguen más de una vez las consultas realizadas por pacientes de OSEP.
En otro orden, Costa dijo que la obra social tiene un presupuesto equilibrado y que actualmente tienen convenios con hospitales públicos y privados, a excepción de la Clínica de Cuyo y el hospital Español, aunque aclaró que en algunos servicios ya se está trabajando, como es el caso del Español, donde se está promoviendo convenios en áreas como traumatología infantil, partos y cesáreas. “Si logramos eso, tenemos convenios con todos los hospitales y clínicas de la provincia”, destacó Costa.
De igual forma, expuso que se le ha dado mayor complejidad al Hospital El Carmen, “para descomprimir también los hospitales públicos”.
La idea es que cuando se terminen las obras para la parte de obstetricia, “el Fleming quede como un hospital pediátrico, con terapia intensiva”, resaltó.
Según Costa, “hoy el sector privado y público no ha hecho inversión en pediatría, y el Notti está colapsado”, por eso la finalidad de que el Fleming quede exclusivamente para atención pediátrica, con 50 camas, 6 terapias y 3 quirófanos.
Finalmente, también se hizo referencia a la situación de los discapacitados, a lo que Costa informó que se ha presentado una propuesta al Ministerio de Desarrollo Social para que se eleve como proyecto de ley a la Legislatura, que es “98% igual a la ley nacional”.
La diferencia radica en “los valores” que el nomenclador establece en la legislación argentina para todo el país, “porque el costo de vida es diferente en cada provincia”.
Se propone al respecto, crear una comisión de la que participen entidades privadas, la Legislatura y la Universidad Nacional de Cuyo, para “establecer un nomenclador provincial”.
Participaron de la reunión, los diputados Alberto Recabarren (PJ), Alejandro Viadana (PJ), José Barrigón (UCR) y Marta Yazenco (UCR).
Prensa noviembre 2