Asimismo, se manifiesta que la autoridad de aplicación actualizará el Plan de Manejo elaborado por IADIZA en el año 1992, adecuándolo a la nueva delimitación y categorización establecidas. De este modo, la Dirección de Recursos Naturales Renovables “atenderá las erogaciones que demande la actualización y ejecución del plan de manejo”, previendo el presupuesto correspondiente.
La autoridad de aplicación también tendrá como premisa procurar que se declare a la Reserva de La Payunia como “Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO”.
Además, se aprobó un proyecto de resolución del diputado Humberto Montenegro (ConFe) en la que se establece la solicitud al Poder Ejecutivo que “a través de la Dirección de Recursos Renovables y la Municipalidad de Malargüe” se realicen “en un plazo no mayor a 60 días, el relevamiento de los asentamientos humanos en el área de La Payunia”.
Seguido de ello, sostiene que el IADIZA “realice el plan de manejo de La Payunia con la participación de los habitantes que surjan del relevamiento mencionado (…) en busca de salvaguardar los intereses y derechos de los mismos, sean éstos pobladores y/o propietarios” y se tiene presente, a éste efecto, el antecedente del acta acuerdo de la Reserva de Llancanelo.
De hecho, Montenegro se expresó en contra de la iniciativa que declara la protección de la Payunia basándose en que quedarían “50 vecinos desamparados” que estarían en “desigualdad de condiciones” y por eso presentó el proyecto de resolución.
Pero por otra parte, Alberto Recabarren (PJ) expresó que “ningún vecino quedará desprotegido” y agregó que “pretendemos que se asegure el arraigo y el desarrollo de actividades económicas y culturales” de los habitantes del área.
Roberto Blanco (PJ Federal) también se mostró a favor de declarar la protección de la Payunia y destacó que la iniciativa se trabajó con la Fiscalía de Estado, el Conicet y organizaciones ambientalistas.
“Actualmente los puesteros están desprotegidos y esta ley los protegerá”, dijo Blanco.
En el mismo sentido opinó el demócrata Antonio Spezia y agregó que con el proyecto “estamos evitando que se llene a cabo avances actividades perjudiciales”.
Néstor Pierafita (ARI) también adujo que “la ley pone límites a los abusos pero permite que los pobladores continúen con sus actividades”.
Para Piedrafita, con esta ley, “Mendoza se acerca a la media nacional de reservas naturales”.
Ricardo Puga (PIM), por su parte, se mostró a favor de que en la provincia se disponga la protección de la zona y opinó que esto “permitirá desarrollar el turismo”.
Prensa noviembre 10