Posteriormente el funcionario se refirió a las versiones que apuntaban a que la suspensión había sido una decisión de la Secretaría de Cultura. “Yo no salí en ningún momento a suspender la Fiesta d la vendimia”, enfatizó, y agregó que en el momento la Cartera se hizo cargo de la demora en el comienzo del acto, pero no de la finalización repentina.
Scollo hizo referencia también a la intencionalidad de la medida y afirmó que “algunos artistas querían que fuera al centro del lago para que la gente me matara”.
La comisión pidió que la Secretaría envíe la documentación para contrastar los hechos, en especial, los registros de la venta de entradas y de las dispuestas para cortesía.

Artistas se presentarán a la justicia y reclamarán el pago de la totalidad del contrato

Representantes de la Asociación de Actores, el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza y la Asociación de Profesionales de la Danza, también fueron recibidos por las comisiones de Labor Parlamentaria y de Cultura y Educación de la Cámara Baja, donde expusieron su versión de cómo se sucedieron los hechos que derivaron en la suspensión de la primera y segunda noche de repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Según explicaron, el argumento de las dos entradas para los familiares fue “la gota que colmó el vaso” porque existían una serie de reclamos previos relacionados, entre otros aspectos, con la movilidad de los artistas y falencias en la estructura del escenario.
Sara Verón, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza, señaló que “el escenario no estaba terminado, tenía un armazón que no estaba cubierto”, pero aclaró que pese a la Asamblea que comenzó cerca de las 20, “no teníamos duda de salir al escenario”. En igual sentido se refirió Rolando Moscardelli, de la Asociación de Actores, quien esgrimió que “en absoluto fue el tema de las dos entradas” el eje del conflicto.
De acuerdo al relato que hicieron ante los legisladores, la Asamblea se inició a las 20, se les dijo que les darían las entradas, acompañaron a las autoridades de Gobierno a observar que se estaban imprimiendo, pero no obstante ya se sabía que “la totalidad de las entradas se habían vendido” y que el sector destinado a los familiares, no existìa Además, indicaron que el titular de Cultura, Ricardo Scollo, se comprometió a hablar al público asistente para darle a conocer la situación pero que “si esta respuesta la hubiera dado antes, otra hubiera sido la historia”-
Para los artistas, quien suspendió la repetición de la fiesta fue el Gobierno, porque “incluso muchos ya estaban cambiados dispuestos a salir”.
El abogado Alexis Barraza, representante de la Asamblea de Trabajadores Artistas en Vendimia, dijo que lo que hicieron fue un “legítimo derecho a peticionar ante las autoridades”, que “las entradas son un elemento más del conflicto” al que se suman “las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo” y que ellos sólo “demoraron el inicio de la Fiesta por la Asamblea”, pero quien “suspende el acto fue Scollo, no los trabajadores”.
En ese contexto, adelantó que presentarán una denuncia al Fiscal de Estado que será remitida también a las comisiones legislativas donde dejarán plasmada la postura del sector, por escrito, con pruebas “fílmicas, testimoniales y documentales”.
Además, aseguró que los contratos que firmaron son “una pantalla para tapar clandestinidad en el trabajo, negrear a los trabajadores” y que si bien el tema de las entradas no estaba contemplado, es una costumbre que se repite año a año.
En la misma línea, afirmó que “ningún artista le negó la posibilidad de salir a nadie” y pidió que a través de la Legislatura se inste al Gobierno a trabajar en un convenio colectivo de trabajo.
También informó que “vamos a reclamar el pago íntegro de todo el mes”, bajo el argumento que se trabajó durante los ensayos y que el domingo y lunes no salieron a escena por decisión del Gobierno.
Para el diputado Alejandro Viadana (PJ), más allá del punto de conflicto “hubo espacios de negociación que se agotaron” y “Mendoza perdió”, mientras que para José Barrigón (UCR) “la primera responsabilidad es del Gobierno por no haber destrabado un conflicto que afectó la imagen de Mendoza”. Añadió, sin embargo, que “en todo este proceso no se pusieron a pensar en el daño que se le ocasionó a la provincia”.
Por su parte, Rogelio Gil (PJ), desmintió que el contrato firmado por los artistas sea ilegal, aludiendo que “lo que en definitiva quieren es pasar a planta permanente como trabajadores temporarios”. “No voy a permitir que se diga que es un contrato basura, ilegal, en negro. Eso es desconocer la ley”, agregó.
Para Antonio Spezia (PD), “hay responsabilidades compartidas porque por un lado no se tuvo cintura política pero también los actores, porque si habían reclamos previos y sin embargo se firmó un contrato, tenían una responsabilidad ante el público”.
Daniel Dimartino (UCR), en tanto, sostuvo que a su criterio el “99% de la culpa fue del Gobierno”, e invitó a los referentes culturales a trabajar con la comisión de Cultura y Educación en un proyecto de ley al respecto.
Igual criterio adoptó Patricia Gutiérrez (UP), quien consideró que la “responsabilidad política de hacer la Fiesta era de los funcionarios”.



Prensa Marzo 15