La Comisión actuará en defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en tratados internacionales, Constituciones provincial y nacional y leyes, de toda persona que sea privada de la libertad de cualquier modo, en todo tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial. Sus facultades se extenderán, también, a la protección de personas privadas de libertad en entidades de carácter privado.
Del mismo modo, serán funciones del organismo: 1)- Visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, 2)- Controlar en forma permanente el trato que reciben las personas privadas de su libertad, 3)- Entrevistarse libre y privadamente con las personas privadas de su libertad.
Asimismo se agregan a sus funciones el requerir la comparencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes antes citados con el objeto de requerirles informaciones acerca de los hechos cuya investigación estuviera a su cargo y acceder sin restricción alguna a toda la información referida a las personas y a los lugares de detención o retención, compulsar documentos, acceder a todo tipo de archivos, expedientes administrativos y judiciales cuando sea necesario para investigar algún hecho aunque se encuentren con secreto de sumario debiendo pedir autorización al juez de garantías.
En otro orden, se establece como remuneración a percibir por el Procurador, una suma de dinero igual a la de un Subsecretario del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, este funcionario podrá permanecer en el cargo 5 años y podrá ser reelegido por un solo período consecutivo.


Debate

Al hacer uso de la palabra, los diputados expresaron sus posiciones y acuerdos alcanzados respecto del proyecto.
En este sentido, Ricardo Puga (PIM) manifestó que no se opone a la presencia del procurador penitenciario pero que debería ser natural que no haya torturas dentro del penal porque se debería respetar la Constitución Provincial y Nacional y legislación referente a todo ello. Agregó que estaba en desacuerdo en algunos puntos, tales como los sueldos fijados para quien se desempeñe como procurador, entre otros. Subrayó que lo deprime la utilización de Derechos Humanos para obtener réditos económicos.
Desde el ARI, Néstor Piedrafita explicó que Mendoza está ubicada en el segundo lugar, después de Buenos Aires, en materia de muertes dentro de los penales y que debemos revertir esa situación. Agregó que “los hechos demuestran que hay que avanzar con mecanismos de control penitenciario para la solución de éstas situaciones”. Del mismo modo, expresó que cree en la rehabilitación y reinclusión de los presos y no en el pensamiento de quien cree que hay que sacar de circulación a una persona para inflingirle todos los castigos posibles cuando en realidad ya tiene condena. Por último, manifestó que el procurador puede cumplir con una tarea importantísima y que quizás habría que repensar el sistema penitenciario.
Aldo Vinci (PD), justificó la negativa del voto de los legisladores de su bloque explicando que ésta no es la gran solución al sistema penitenciario. Subrayó que su bloque se opone al proyecto porque hubiese sido necesario tratar primero la creación de la defensoría del pueblo en la provincia y después la del procurador penitenciario. Concluyó manifestando que hay que dar cumplimiento a las leyes y la Constitución Provincial y Nacional y dejar de crear organismos que entorpecen e imposibilitan la visualización de las verdaderas responsabilidades en cada situación.
El legislador Alejandro Viadana (PJ), manifestó que su bloque acompañará el proyecto porque se ha podido enriquecer en la comisión de Legislación y por el trabajo de muchos legisladores. Explicó que es cierto que el respeto de la Constitución haría que estas cosas no sucedan pero existiendo ella, los golpes de Estado se sucedieron, por lo tanto creemos importante tener la aprobación de éste proyecto. Agregó que se debe discutir si queremos o no el mecanismo y si podríamos ser una de las primeras provincias en el país en tener legislación de éste tipo.
El legislador, finalmente, subrayó que el proyecto se trabajó al interior de la comisión de LAC con los aportes de senadores de la comisión Bicameral de Seguridad y con funcionarios del Ejecutivo sobre el tema por lo que aprobar el proyecto sería un paso importante en la defensa de los Derechos Humanos.
Desde la bancada radical, Luis Petri manifestó que la Cámara de Diputados no es responsable del tiempo que el proyecto estuvo sin tratarse. Agregó que ésta de acuerdo en la existencia de un procurador pero que no haya excesos en los poderes que se le asignen a este funcionario como su opinión sobre designación de magistrados, nombramiento de agentes penitenciarios, altas remuneraciones, etcétera.
En el mismo sentido, enumeró algunas críticas al proyecto, antes de su tratamiento en comisiones, como la limitación en la información que pueda solicitar la Legislatura; las denuncias posibles por desobediencia a la Legislatura; el acceso del Procurador a cualquier expediente, y no solo los iniciados por torturas, con secreto de sumario; entre otros. Por último, expresó que se entiende que los penitenciarios no trabajan en un jardín de infantes pero su trabajo debe desarrollarse en el marco de la legalidad, salvaguardando derechos y garantías de todos.
A su turno el diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal) fundamentó el voto negativo de su bloque, porque sostuvo que en la actualidad existen las instituciones y los mecanismos necesarios para controlar y cubrir a personal policial y penitenciario de la provincia.
Indicó que la falta de control en el sistema penitenciario debe ser revisada, para que las personas que ingresen reúnan las condiciones necesarias para que no sucedan más los actos aberrantes que han sido publicados.
Asimismo sostuvo que deberían existir cambios en la Inspección General de Seguridad porque quién investiga en la actualidad a los penitenciarios son también penitenciarios. Solicitó la incorporación de personal civil para realizar estas tareas.




Prensa Marzo 16