Asimismo, establece una serie de obligaciones por parte del Estado, tales como garantizarles el acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna, trazando una transversalidad entre las distintas áreas de gobierno.
Al Ministerio de Infraestructura, se le pide arbitrar los medios respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público de pasajeros, así como códigos edilicios y urbanos que tengan en cuenta un diseño universal, mientras que al Ministerio de Salud, se lo responsabiliza de garantizar la salud adoptando medidas específicas para su adecuada atención.
También se incluye a la Dirección General de Escuelas, para que garantice la inclusión en el sistema escolar formal y no formal; al Ministerio de Seguridad, para que prevea los mecanismos especiales que se requieran para la integridad física de las personas con discapacidad, especialmente en situaciones de riesgo; a la cartera de Gobierno, para que implemente acciones y den a conocer los derechos de las personas discapacitadas.
Asimismo, abarca al Ministerio de Hacienda, para que genere “todas las medidas que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en la eximición de impuestos o aranceles y adecuar los medios de información pública a fin de que las mismas puedan tener acceso a la información”.
La Secretaría de Ambiente, tendrá – de acuerdo al proyecto – que confeccionar planes para una mejor calidad de vida de estas personas; la Secretaría de Turismo, implementar un turismo accesible para todos, planes, proyectos que favorezcan la adecuación de lugares y espacios donde las personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios turísticos y estén incluidos en los planes de desarrollo local.
De igual forma, a la Secretaría de Cultura le competiría diseñar políticas para acrecentar el acervo cultural incluyendo en los mismos a personas con discapacidad, mientras que a los ministerios de la Producción y de Desarrollo Humano, las tareas de inclusión en su medio social en cuanto la adquisición de tecnología e investigación que sirvan para mejorar el estándar de vida y el funcionamiento bajo su órbita, de la Dirección y el Consejo de la Persona con Discapacidad, respectivamente.
Además, incluye un artículo para el Poder Judicial, indicando que “deberá generar mecanismos específicos a través de sus organismos pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad para lo cual deberá articular los procedimientos con los organismos referentes del Poder Ejecutivo”.
Participaron del encuentro, la presidenta del Consejo, María del Carmen Villarejo, quien estuvo acompañada por Graciela Warro, del Consejo Federal, Edgardo Sánchez y Juan Luis Martínez, miembros del Consejo en representación de ONGs, y las asesoras del organismo, Alejandra Marty y Rosa Menéndez.
Finalmente, los mencionados concurrirán mañana martes (4 de octubre) a la reunión prevista por el Plenario de Comisiones que tiene por objeto analizar aspectos referidos a la legislación vigente en materia de discapacidad.



Prensa octubre 3