Insistieron también en la necesidad de dar una implementación adecuada de la norma que trataron hoy y garantizar su instrumentación en todo el territorio provincial, como también se controlará el cumplimiento de otras leyes que aún no se cumplen integralmente en Mendoza.
Señalaron que la adhesión a la ley integral obliga al estricto control de una prestación equitativa de acuerdo a las necesidades de sus destinatarios. La oposición reclamó por mejorar en cantidad y calidad la gestión pública; considerar la posibilidad de reajustes y reasignaciones presupuestarias para cumplir con un nomenclador que supone mayor erogación del Estado.
Subrayaron que la atención de las capacidades especiales no es un gasto sino una inversión en la concreción de derechos sociales de todos los ciudadanos.
En la sesión de la fecha hicieron uso de la palabra por el bloque justicialista Raúl Rodríguez, Alberto Recabarren, Gustavo Arenas, Carlos Bianchinelli y Nélida Negri; por el radicalismo Andrés Marín, Luis Petri, Roberto Infante, Fernando Barrigón y María Rosa Lemos; por los demócratas Aldo Vinci y Hugo Babolené; por el Peronismo Federal, Daniel Cassia; por el Eje Peronista, Silvia Ramos, y por el PIM, Ricardo Puga.
Dentro del articulado de la iniciativa se establece que Mendoza, “adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional nº 24.901, que instituye el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”.
En su artículo 2, la norma aprobada manifiesta que “la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) tendrá a cu cargo con carácter obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en la Ley nº 24.901 y sus complementarias”.
Asimismo, se establece que OSEP “no podrá rechazar el ingreso a personas que cumplan con los requisitos de afiliación establecidos por su Carta Orgánica invocando como causa del rechazo la presencia de una patología preexistente discapacitante”.
Del mismo modo, la iniciativa prevé la modificación del artículo nº 21 de la Carta Orgánica de OSEP que dispondrá, entre otros aspectos, que “en todos los casos, el grupo familiar comprende (independientemente del número de personas que lo componen) al afiliado directo, su cónyuge, o los integrantes de una unión de hecho, los hijos menores de veintiún (21) años, los hijos mayores de veintiún (21) años y que acrediten discapacidad con el certificado legal vigente. En este último caso, siempre y cuando no tengan ningún tipo de cobertura por otra Obra Social”.
Prosigue la norma explicitando que estarán obligados a realizar sus aportes a OSEP, los Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los Legisladores provinciales, los Intendentes y Concejales, siempre en carácter de afiliados directos.
Finalmente, la norma establece la autorización al Poder Ejecutivo Provincial para realizar las adecuaciones presupuestarias y transferencias de partidas necesarias a los efectos de la presente ley.
Prensa Noviembre 9 DIRECCION DE PRENSA