La norma se refiere a empresas que registren infracciones constatadas de carácter muy grave previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales del Pacto Federal del Trabajo o que presenten situaciones de contratación de mano de obra que violen las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo y que puedan implicar delitos relativos a la libertad de los trabajadores, tipificados en el Código Penal o en la Ley Nº26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La ley, cuyo autor es el diputado del Frente para la Victoria Gustavo Arenas, señala también en su artículo primero que, para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales. E indica que, en el caso de las personas jurídicas, ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.

Simultáneamente, el artículo segundo de la norma aprobada ayer por Senadores determina que quien incurra en alguna de las infracciones previstas en el artículo primero perderá automáticamente todo beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por la Provincia de Mendoza.

El diputado Gustavo Arenas comentó que “ayer (por el martes) fue un día muy importante para mí como legislador, porque se aprobó la adhesión a la ley de discapacidad de la cual fui autor”.

“Los mendocinos les damos subsidios y otros beneficios fiscales e impositivos a las empresas. Ahora, lo único que les exigimos a éstas para que puedan acceder a esos beneficios es que no exploten a niños y no tengan en situación de esclavitud a los trabajadores”, expresó el diputado Gustavo Arenas.

“Por lo tanto, avanzar en este sentido es indispensable para profundizar los esfuerzos que estamos haciendo para reducir la pobreza y también se constituye como un medio para alcanzar en la práctica un desarrollo equitativo, global y sostenible”, aseguró finalmente el representante de la Cámara Baja.

Obligaciones de los infractores

Por su lado, el artículo tercero establece que, para acceder nuevamente al beneficio perdido, el empleador que haya incurrido en las infracciones previstas en el artículo primero deberá cumplimentar fehacientemente una serie de requisitos.

Una de las obligaciones es acreditar ante el organismo pertinente que ha cesado el hecho que motivó la quita del beneficio. Otra es haber cancelado o encontrarse al día en el cumplimiento de un plan de pago o facilidades otorgadas, si existiese resolución condenatoria, según la normativa vigente. El último requisito es que hayan transcurrido dos años desde la constatación del hecho sin que haya incurrido en nuevas infracciones de la misma naturaleza.

Al igual que dicta el artículo primero para el caso de las personas jurídicas, estas obligaciones de los infractores que desean regularizar su situación legal deben ser cumplidas también por la totalidad de sus directivos.