Asimismo, se propone favorecer los procesos productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades dentro de este marco a través de una política de subsidios y financiamiento de sus actividades, y promover actividades concretas para fortalecer el circuito de comercialización e intercambio de manera tal de darle sustentabilidad, entre otros aspectos.
Por otra parte, se crea el Fondo Especial de Promoción para el cumplimiento y ejecución del programa, que se constituirá por 5 millones de pesos ajustables de recursos del presupuesto provincial, y recursos provenientes de organismos nacionales o internacionales.El ochenta por ciento del Fondo Especial de Promoción previsto, deberá destinarse a subsidios y microcréditos.
La media sanción, prevé implementar el Programa de Promoción a través del Fondo, antes mencionado, en el Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria y la Dirección de Economía Social y Asociatividad, ambos en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza.
Entre las funciones previstas para el Consejo, se encuentran impulsar una planificación participativa junto con los actores de la economía social; registrar las unidades de economía social que soliciten su incorporación al régimen de promoción; promover una política fiscal, tributaria y previsional que procure la formalización y seguridad social de trabajadores, productores, promotores y organizaciones de la economía social, así como relevar y sistematizar estadísticas e información del sector.El Consejo organizará un Registro provincial de las Unidades de la Economía Social y Solidaria, que se articulará con el Registro de la Agricultura Familiar ya existente.
Asimismo, promoverá la incorporación en la currícula educativa provincial de todos los niveles de la provincia, de los principios y valores de la economía solidaria, así como fortalecerá los Centros Educativos de Gestión Social para profundizar dicha temática.
En cuanto a las atribuciones de la Dirección creada por esta normativa, se encuentran la de capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de formulación de proyectos de negocios; gerenciamiento administrativo, comercial y productivo; capital humano, procesos grupales y asociativismo; mejora continua de productos y servicios; y toda otra materia que demanden los beneficiarios del Régimen de Promoción.
También, asesorar, informar y vincular en materia de procesos productivos; asistir financieramente con fondos propios o por vinculación con otros organismos, proyectos sustentables; promover la asociatividad e integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y cultural, e impulsar la promoción de artesanos, emprendedores y productores autogestivos, así como la organización e integración de los mismos.
De igual forma, deberá evaluar y monitorear proyectos socios productivos viables para su financiamiento; organizar eventos para la Promoción del sector de la Economía Social y Solidaria tales como Rondas de Negocios, Ferias y Exposiciones; promover la creación de centros de producción y comercialización para productores de la Economía Social y Solidaria; promover Marcas Colectivas para la comercialización de productos de origen en la Economía Social y Solidaria; coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, educativos – productivos y financieros a fin de promover la Economía Social y Solidaria y controlar y auditar sobre los fines y usos de los beneficios financieros y fiscales que se otorguen a los sujetos de la Economía Social y Solidaria.
Se dispone de igual forma que el Presupuesto provincial preverá anualmente beneficios a las unidades inscriptas en el Registro, como exenciones impositivas, exenciones o disminuciones de alícuotas en aranceles de organismos provinciales habilitantes, beneficios en el pago de impuestos de Ingresos Brutos o de Sellos, incluyendo el beneficio previsto por el Art. 5 Ley 7.659.
Finalmente, dispone que el Gobierno de Mendoza implementará una política de “Compre del Estado” en las distintas reparticiones para priorizar la provisión de bienes y servicios por los inscriptos en el Registro Provincial en hasta un diez por ciento (10%) de las adquisiciones del Estado.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que “la economía social y solidaria es una nueva economía que promueve un nuevo actor económico asociativo como sujeto de derecho, es una propuesta de construcción basada en principios de solidaridad e igualdad a la hora de relacionarnos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.
Agregan en ese sentido, que “al poner a la persona y al trabajo en el centro, la economía social y solidaria nos invita a creer y participar de una sociedad más justa e igualitaria”.
Se incluye así “los proyectos de miles de pequeños emprendedores que logran un sentido y mayor eficiencia al articularse de manera asociativa y enfrentar el consumo, la producción, el empleo, la vivienda, el crédito. Estos nuevos desafíos tienen que ver con emprendimientos comunitarios, redes de comercio justo, organizaciones de microcrédito, nuevas cooperativas y mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales”, “bancos populares, organizaciones campesinas e indígenas” y hasta ferias populares y clubes del trueque.





Prensa 16 de mayo