Proponen unificar legislación sobre cupos para viviendas del IPV
La comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Babolené (PD), propuso unificar todas las leyes provinciales que establezcan cupos de viviendas a través del IPV, a fin de establecer un sistema general, sea 
or cupo o por puntuación.
La propuesta surgió en el marco de una reunión mantenida con la asesora Letrada de la Presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda, Cecilia Calivar, donde se analizó un proyecto de Evangelina Godoy (PJ) que pretende establecer un 5% del cupo de las viviendas construidas por planes nacionales o provinciales, a mujeres víctimas de violencia familiar.
La iniciativa, que se encuentra en estudio en la comisión, tiene como finalidad que estas mujeres, “puedan contar con las condiciones básicas que les permitan iniciar una vida libre de violencia”.
Según señalaron los legisladores, entre las leyes que establecen cupos específicos y programas especiales, “nos encontramos con que está cupificado aproximadamente el 22% de lo que tiene que entregar para viviendas el IPV”.
Calivar, explicó en ese sentido que el Instituto “construye casas que ya tienen dueño. Es decir que antes de llamar a una licitación, esa casa ya tiene un propietario”.
Indicó al respecto que además, en términos generales, tanto los planes de vivienda social como los de clase media son descentralizados y son los municipios los que disponen los mecanismos para priorizar tanto los proyectos de acuerdo a las condiciones sociales – para el caso de la vivienda social - como a las organizaciones intermedias que presentan proyectos – en el caso de los planes para clase media -.
or cupo o por puntuación.
La propuesta surgió en el marco de una reunión mantenida con la asesora Letrada de la Presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda, Cecilia Calivar, donde se analizó un proyecto de Evangelina Godoy (PJ) que pretende establecer un 5% del cupo de las viviendas construidas por planes nacionales o provinciales, a mujeres víctimas de violencia familiar.
La iniciativa, que se encuentra en estudio en la comisión, tiene como finalidad que estas mujeres, “puedan contar con las condiciones básicas que les permitan iniciar una vida libre de violencia”.
Según señalaron los legisladores, entre las leyes que establecen cupos específicos y programas especiales, “nos encontramos con que está cupificado aproximadamente el 22% de lo que tiene que entregar para viviendas el IPV”.
Calivar, explicó en ese sentido que el Instituto “construye casas que ya tienen dueño. Es decir que antes de llamar a una licitación, esa casa ya tiene un propietario”.
Indicó al respecto que además, en términos generales, tanto los planes de vivienda social como los de clase media son descentralizados y son los municipios los que disponen los mecanismos para priorizar tanto los proyectos de acuerdo a las condiciones sociales – para el caso de la vivienda social - como a las organizaciones intermedias que presentan proyectos – en el caso de los planes para clase media -. En cuanto a los cupos, también son establecidos desde los municipios y a lo sumo, por ejemplo para el caso de personas con discapacidad, “nosotros hacemos una evaluación social porque desde que es priorizado hasta que se entrega la vivienda, pueden haber cambiado las condiciones sociales de esa persona o familia”, apuntó la letrada.
Asimismo, sostuvo que hay sectores puntuales en los que no se hace necesario tener un cupo establecido por ley, porque son “muy pocos los casos que se presentan al año”, como los ex combatientes y cesanteados. De estos dos sectores, sólo tres personas se han presentado en lo que va de 2012, informó.
Respecto al proyecto que dio origen a la reunión, dijo que cuando se habla de violencia “estamos ante una situación de emergencia y si vamos a dar cupos, esa persona que hoy sufre la violencia recién puede llegar a tener su casa en dos o tres años”.
Sugirió en tanto, que tal vez lo más viable sea otorgar un subsidio de alquiler que sea administrado por los municipios.
Según un relevamiento realizado por el SIAL – el Cuerpo de Asesores de la Cámara Baja -, existen al menos 9 leyes relacionadas con cupos para vivienda: para el Personal policial y fuerzas de seguridad; para Docentes provinciales; Familias con integrantes con discapacidad; Ex combatientes; Cesanteados; Bomberos voluntarios; Profesionales jóvenes que deseen radicarse en departamentos alejados para cumplir funciones en el sector público nacional, provincial o municipal; Emprendimientos rurales relacionados con el apoyo al desarrollo agroindustrial, y de Protección integral a familias “en cuyo seno se haya producido la defunción de una mujer durante su proceso reproductivo, ya sea en el embarazo, el parto o el puerperio, siempre que las condiciones socio económico culturales así lo exijan, en interés superior de los niños sobrevivientes”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, es que los integrantes de la comisión han propuesto trabajar en conjunto en una norma que unifique los criterios de cupificación general, con sistema de prioridades o bien de puntuación.
“Nadie discute las buenas intenciones de las iniciativas, pero a veces en el momento de llevarlas a la práctica resultan inaplicables”, dijo Babolené.
En idéntico sentido se expresaron los diputados Edgardo Pintos (UCR) Héctor Quevedo (UCR), Marina Femenía (PJ) y Silvia Ramos (Eje Peronista), quienes indicaron que la unificación de la legislación permitiría también “crear un sistema para que todas estas situaciones sean contempladas”.
El próximo encuentro será en tres semanas, entre técnicos del IPV, legisladores y asesores de la comisión.
Prensa noviembre 2
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