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anteproyecto de ley en el que solicitan se declare la emergencia en el sector.
Según sostienen, la actividad minera en la provincia se encuentra “en un estado de situación delicado que amerita la creación de una herramienta jurídica que contemple dicho contexto a los efectos no sólo de remediar su actual situación, sino con la finalidad de sentar las bases de su reformulación y efectiva promoción y puesta en marcha”.
Entre las medidas que proponen, se encuentran la de reforzar presupuestariamente la Dirección de Minería; analizar la derogación o modificación de la Ley 7722 – para lo cual indicaron que presentarán en los próximos días un escrito que será anexado a este anteproyecto -; la suspensión del pago de cánones mineros “al estar imposibilitado el ejercicio de los derechos mineros emergentes de la concesión”; y la suspensión de los proyectos existentes en la Legislatura sobre nuevas áreas protegidas que estén proyectadas sobre zonas de interés minero, hasta tanto se evalúe su procedencia “con activa participación del sector minero y conformar el Consejo Provincial Asesor de Minería”.
Los puntos propuestos en la iniciativa privada contemplan doce ítems, haciendo hincapié en que el estado de emergencia “tendrá la vigencia de un año, pudiendo prorrogarse la misma si no se han cumplimentado los objetivos que fundan su declaración”.
El anteproyecto será remitido a la comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias, según anticipó el diputado Tanús. “Sería bueno” que la Corte “resuelva”
Al término de la reunión, Tanús explicó los pormenores del anteproyecto y afirmó que la Corte Suprema de Justicia tendría que resolver respecto a la vigencia de la ley 7722, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto mediante el uso de sustancias contaminantes.
“Han presentado un proyecto de ley de declaración de Emergencia para que el Estado y la sociedad atienda la situación complicada en la que están, y hablamos también de algunos temas de fondo de la actividad como la aplicación de la Ley 7722 y otra serie de objeciones que ellos plantean”, en cuanto “a que el Ejecutivo no resuelve las factibilidades y los permisos o derechos que ellos están gestionando hace tiempo”, dijo el legislador.
Adelantó al respeto que “vamos a colaborar de manera que esto se normalice, de manera que ellos puedan tener una actividad razonablemente sustentable en Mendoza, cumpliendo las leyes, pero que no se sientan excluidos o se vayan a trabajar a otras provincias”.
Respecto a la modificación de la denominada “ley antiminera”, dijo que lo considera “difícil”, porque “está dada en un contexto político y social que apunta a la defensa del agua y a la prohibición de algunas sustancias químicas”. Sin embargo, acotó que “complementariamente a esto, si hay otras actividades que sin la contundencia estricta de la 7722 deban priorizarse, empujarse, ayudar a que salgan, bueno, nos hemos comprometido a tener en cuenta estos pedidos”.
Por otra parte dijo que la Corte “tiene que resolver las cosas también”, en relación a los pedidos de inconstitucionalidad impulsados por algunas empresas respecto de la 7722. “Yo voté a favor de la ley pero entiendo que tiene una amplitud en algunos de los artículos que la hacen muy general y eso es lo que objetan generalmente para hacer las inversiones. Lo mejor sería que el máximo tribunal le dé una claridad constitucional a esta interpretación”, expresó Tanús.
Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que “la Legislatura hizo una expresión política (al sancionar la ley) que muchas veces suele ser imperfecta. Si la Corte le pone un dictamen definitivamente, sería mucho mejor para aclarar sobre todo cuál es el futuro de la actividad”. “Sería bueno que lo resuelvan y le dé una interpretación jurídica y constitucional adecuada”.
La posición de las Cámaras empresarias
Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, señaló al respecto que “nosotros nos sentimos muy disgustados con una prohibición de ejercer una actividad absolutamente lícita”.
“La Cámara de Empresarios Mineros ha hecho un cálculo de cuál es el potencial minero de Mendoza. Ese potencial, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y no estamos desarrollándolo”, aseveró.
“El potencial minero metalífero de Mendoza, a diez años, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y puede producir miles de millones de dólares para Mendoza”, subrayó, afirmando que “en 5 años, seis minas pueden estar produciendo 1200 millones de dólares de exportación, de los cuales, son más de 200 millones por año de impuestos para la provincia, más casi 600 millones de dólares por año de impuestos para la Nación y las municipalidades y la movilización de más de cien mil puestos de empleo, de mano de obra”.
“San Juan hace años que tiene minería en pleno desarrollo y no ha tenido ningún problema ni de control ni de impacto ambiental, o veamos en Chile que hace cien años que tiene minería sin ningún problema”, esbozó, tras manifestar que mientras en Chile hay 4000 emprendimientos mineros en la Argentina hay 18.
“Nosotros necesitamos que la comunidad nos controle y así lo pedimos en todos nuestros proyectos”. “La excusa acá es el cuidado del agua, y si tenemos una mina que está lejos del agua no la podemos hacer. Es una ley absolutamente prohibitiva”, aseguró.
Por su parte, Carlos Ferrer, titular de CASEMMZA – Cámara de Servicios Empresarios Mineros de Mendoza -, expuso que “hemos venido a la Casa de las Leyes porque pensamos que los diputados y los senadores van a tomar conciencia de la realidad de la provincia”.
Destacó la necesidad de ampliar la matriz productiva de Mendoza “con actividades lícitas” como por ejemplo, la minería, y dijo que están esperando en ese sentido, el fallo de la Corte.
“Le hemos pedido a la Corte resolución, en un sentido o en otro, blanco o negro, pero que se tome la resolución que se tenga que tomar para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el paso inmediato que van a dar quienes han interpuesto la inconstitucionalidad”, puntualizó.
Prensa mayo 14 - Minería
Al término de la reunión, Tanús explicó los pormenores del anteproyecto y afirmó que la Corte Suprema de Justicia tendría que resolver respecto a la vigencia de la ley 7722, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto mediante el uso de sustancias contaminantes.
“Han presentado un proyecto de ley de declaración de Emergencia para que el Estado y la sociedad atienda la situación complicada en la que están, y hablamos también de algunos temas de fondo de la actividad como la aplicación de la Ley 7722 y otra serie de objeciones que ellos plantean”, en cuanto “a que el Ejecutivo no resuelve las factibilidades y los permisos o derechos que ellos están gestionando hace tiempo”, dijo el legislador.
Adelantó al respeto que “vamos a colaborar de manera que esto se normalice, de manera que ellos puedan tener una actividad razonablemente sustentable en Mendoza, cumpliendo las leyes, pero que no se sientan excluidos o se vayan a trabajar a otras provincias”.
Respecto a la modificación de la denominada “ley antiminera”, dijo que lo considera “difícil”, porque “está dada en un contexto político y social que apunta a la defensa del agua y a la prohibición de algunas sustancias químicas”. Sin embargo, acotó que “complementariamente a esto, si hay otras actividades que sin la contundencia estricta de la 7722 deban priorizarse, empujarse, ayudar a que salgan, bueno, nos hemos comprometido a tener en cuenta estos pedidos”.
Por otra parte dijo que la Corte “tiene que resolver las cosas también”, en relación a los pedidos de inconstitucionalidad impulsados por algunas empresas respecto de la 7722. “Yo voté a favor de la ley pero entiendo que tiene una amplitud en algunos de los artículos que la hacen muy general y eso es lo que objetan generalmente para hacer las inversiones. Lo mejor sería que el máximo tribunal le dé una claridad constitucional a esta interpretación”, expresó Tanús.
Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que “la Legislatura hizo una expresión política (al sancionar la ley) que muchas veces suele ser imperfecta. Si la Corte le pone un dictamen definitivamente, sería mucho mejor para aclarar sobre todo cuál es el futuro de la actividad”. “Sería bueno que lo resuelvan y le dé una interpretación jurídica y constitucional adecuada”.
La posición de las Cámaras empresarias
Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, señaló al respecto que “nosotros nos sentimos muy disgustados con una prohibición de ejercer una actividad absolutamente lícita”.
“La Cámara de Empresarios Mineros ha hecho un cálculo de cuál es el potencial minero de Mendoza. Ese potencial, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y no estamos desarrollándolo”, aseveró.
“El potencial minero metalífero de Mendoza, a diez años, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y puede producir miles de millones de dólares para Mendoza”, subrayó, afirmando que “en 5 años, seis minas pueden estar produciendo 1200 millones de dólares de exportación, de los cuales, son más de 200 millones por año de impuestos para la provincia, más casi 600 millones de dólares por año de impuestos para la Nación y las municipalidades y la movilización de más de cien mil puestos de empleo, de mano de obra”.
“San Juan hace años que tiene minería en pleno desarrollo y no ha tenido ningún problema ni de control ni de impacto ambiental, o veamos en Chile que hace cien años que tiene minería sin ningún problema”, esbozó, tras manifestar que mientras en Chile hay 4000 emprendimientos mineros en la Argentina hay 18.
“Nosotros necesitamos que la comunidad nos controle y así lo pedimos en todos nuestros proyectos”. “La excusa acá es el cuidado del agua, y si tenemos una mina que está lejos del agua no la podemos hacer. Es una ley absolutamente prohibitiva”, aseguró.
Por su parte, Carlos Ferrer, titular de CASEMMZA – Cámara de Servicios Empresarios Mineros de Mendoza -, expuso que “hemos venido a la Casa de las Leyes porque pensamos que los diputados y los senadores van a tomar conciencia de la realidad de la provincia”.
Destacó la necesidad de ampliar la matriz productiva de Mendoza “con actividades lícitas” como por ejemplo, la minería, y dijo que están esperando en ese sentido, el fallo de la Corte.
“Le hemos pedido a la Corte resolución, en un sentido o en otro, blanco o negro, pero que se tome la resolución que se tenga que tomar para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el paso inmediato que van a dar quienes han interpuesto la inconstitucionalidad”, puntualizó.
Prensa mayo 14 - Minería
