Cámara de Diputados, el tratamiento de un proyecto de ley de reducción de la carga horaria de quienes cumplen esta función.
El planteo fue presentado primero ante los legisladores de la comisión de Hacienda – que preside José Muñoz (FPV) -, pero como el expediente que lleva la firma de los diputados Héctor Fresina y Martín Dalmau (FIT), se encuentra en LAC – cuyo presidente es Alejandro Viadana (FPV) -, llevaron luego su reclamo a esa comisión legislativa.
La iniciativa, prevé que la extensión de la jornada de trabajo de los empleados auxiliares administrativos de Oficinas Fiscales, de maestranza y servicios y asistentes técnicos de informática del Ministerio Público Fiscal Penal, no excederá en ningún caso las seis horas diarias ni las treinta horas semanales.
Esto equivale a una reducción horaria de dos horas por día, sin que implique “en ningún caso ninguna supresión ni reducción de ninguna clase de remuneraciones ni de demás derechos laborales ni sociales”.
Además, en el proyecto, se contempla una autorización para la incorporación a la planta permanente de personal del Estado con estabilidad del empleo, de todos los trabajadores adicionales necesarios de manera proporcional a la limitación del tiempo de trabajo propuesta, “y para garantizar los descansos del trabajador, como así también la creación de los cargos necesarios para darle cumplimiento” a esta ley, en caso de ser aprobada por ambas Cámaras. Según indicaron Claudia Lurbe, de la Oficina Fiscal Nro 1, de Capital, y Mariano Rodríguez, de la Oficina Fiscal 8, de Guaymallén, en total son 400 los trabajadores que se encuentran con un régimen laboral de 8 horas, con turnos rotativos que incluyen sábados, domingos y feriados, y se necesitarían entre 70 y 100 personas más para cubrir el “cuarto turno”.
“Queremos una jornada laboral de 6 horas por insalubridad, como tienen los empleados del Poder Judicial”, indicaron, haciendo referencia a lo que implica “el trabajo nocturno, los turnos rotativos, la insalubridad por trabajar con el delito, con la violencia y la urgencia”.
Según sostienen, por el tipo de trabajo que realizan enfrentando casos que van desde violaciones hasta crímenes, “la salud del trabajador afecta el servicio. Somos simples empleados administrativos y no tenemos preparación psicológica para atender a las víctimas”, dijo Lurbe, quien también acotó que todos ellos son factores “nocivos para la salud psíquica del trabajador. Hacemos lo que podemos”.
Asimismo, indicaron que este reclamo es de larga data pero que nunca obtuvieron una respuesta. “En diez años la respuesta siempre fue negativa, por eso venimos a la Legislatura porque creemos que éste es el ámbito propicio”, apuntó Rodríguez.
En la fundamentación del proyecto de ley, se consigna al respecto que en el pedido de reducción horaria también “hay que tener en cuenta que estos trabajadores realizan sus tareas bajo un régimen especial en un contexto de atención de situaciones violentas y de riesgo, atendiendo a personas víctimas y autores de hechos delictivos”.
Para el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador), se trata de un “reclamo justo, legítimo” porque “no es nueva esta situación y lo venimos reclamando desde la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal”.
Estos trabajadores son “la trinchera”, dijo, “les llega todo”, por lo que los invitó a participar de la Mesa de Enlace para que “también expongan la situación en ese ámbito que es donde están sentados los que tienen que resolver esto”.
“Si ustedes funcionan bien, el sistema funciona bien, porque el recurso humano en seguridad pública es el insumo más importante”, destacó.
Por su parte, Leonardo Giacomelli (FPV), consultó respecto a si estos aspectos habían sido planteados en el marco de los acuerdos paritarios, a lo que los trabajadores respondieron que “aunque lo venimos planteando hace años, la respuesta ha sido siempre negativa”.
También el diputado Lucas Ilardo (FPV), preguntó respecto al “Adicional Ley N° 6730” o “Pago por Código Procesal Penal” que es citado en el proyecto de ley como uno de los puntos a respetar pese a la reducción horaria propuesta.
En ese sentido, los empleados explicaron que se trata de un adicional por especificidad “que no corresponde que se pierda porque no está relacionado a la cantidad de horas sino al tipo de trabajo que se hace en las fiscalías”.
Participaron además de la reunión, los diputados Tadeo García Zalazar (UCR), Víctor Scattareggia (UCR), Jesús Riesco (PD), Cecilia Soria (FIT – PTS), Martín Dalmau (FIT), Daniel Llaver (UCR), y Jorge Sosa (UCR).
Representantes gremiales de la Subsecretaría
De Trabajo piden homologación de acuerdos
Por otra parte, el titular de la comisión de LAC, Alejandro Viadana, recibió a representantes gremiales de UPCN y ATE de la Subsecretaría de Trabajo, quienes solicitaron a ese órgano legislativo la homologación de un acta paritaria de 2013.
De acuerdo a lo indicado por los trabajadores, se trata de un acuerdo relacionado con las condiciones laborales dentro de la Subsecretaría de Trabajo.
Prensa junio 17
“Queremos una jornada laboral de 6 horas por insalubridad, como tienen los empleados del Poder Judicial”, indicaron, haciendo referencia a lo que implica “el trabajo nocturno, los turnos rotativos, la insalubridad por trabajar con el delito, con la violencia y la urgencia”.
Según sostienen, por el tipo de trabajo que realizan enfrentando casos que van desde violaciones hasta crímenes, “la salud del trabajador afecta el servicio. Somos simples empleados administrativos y no tenemos preparación psicológica para atender a las víctimas”, dijo Lurbe, quien también acotó que todos ellos son factores “nocivos para la salud psíquica del trabajador. Hacemos lo que podemos”.
Asimismo, indicaron que este reclamo es de larga data pero que nunca obtuvieron una respuesta. “En diez años la respuesta siempre fue negativa, por eso venimos a la Legislatura porque creemos que éste es el ámbito propicio”, apuntó Rodríguez.
En la fundamentación del proyecto de ley, se consigna al respecto que en el pedido de reducción horaria también “hay que tener en cuenta que estos trabajadores realizan sus tareas bajo un régimen especial en un contexto de atención de situaciones violentas y de riesgo, atendiendo a personas víctimas y autores de hechos delictivos”.
Para el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador), se trata de un “reclamo justo, legítimo” porque “no es nueva esta situación y lo venimos reclamando desde la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal”.
Estos trabajadores son “la trinchera”, dijo, “les llega todo”, por lo que los invitó a participar de la Mesa de Enlace para que “también expongan la situación en ese ámbito que es donde están sentados los que tienen que resolver esto”.
“Si ustedes funcionan bien, el sistema funciona bien, porque el recurso humano en seguridad pública es el insumo más importante”, destacó.
Por su parte, Leonardo Giacomelli (FPV), consultó respecto a si estos aspectos habían sido planteados en el marco de los acuerdos paritarios, a lo que los trabajadores respondieron que “aunque lo venimos planteando hace años, la respuesta ha sido siempre negativa”.
También el diputado Lucas Ilardo (FPV), preguntó respecto al “Adicional Ley N° 6730” o “Pago por Código Procesal Penal” que es citado en el proyecto de ley como uno de los puntos a respetar pese a la reducción horaria propuesta.
En ese sentido, los empleados explicaron que se trata de un adicional por especificidad “que no corresponde que se pierda porque no está relacionado a la cantidad de horas sino al tipo de trabajo que se hace en las fiscalías”.
Participaron además de la reunión, los diputados Tadeo García Zalazar (UCR), Víctor Scattareggia (UCR), Jesús Riesco (PD), Cecilia Soria (FIT – PTS), Martín Dalmau (FIT), Daniel Llaver (UCR), y Jorge Sosa (UCR).
Representantes gremiales de la Subsecretaría
De Trabajo piden homologación de acuerdos
Por otra parte, el titular de la comisión de LAC, Alejandro Viadana, recibió a representantes gremiales de UPCN y ATE de la Subsecretaría de Trabajo, quienes solicitaron a ese órgano legislativo la homologación de un acta paritaria de 2013.
De acuerdo a lo indicado por los trabajadores, se trata de un acuerdo relacionado con las condiciones laborales dentro de la Subsecretaría de Trabajo.
Prensa junio 17
