Sería obligatorio el certificado de aptitud psicofísica a aspirantes de carreras de profesorado de la DGE
La Cámara de Diputados dio medio sanción al proyecto de ley de la diputada Lorena Saponara (FPV), mediante el cual se determina la exigencia obligatoria, por parte del Instituto de Educación Superior, tanto de gestión estatal como privada, de un
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Certificado de Aptitud Psicofísica, de iguales características al solicitado a los docentes que ingresan o ya ejercen la profesión, a todos aquellos alumnos aspirantes a cursar en los distintos profesorados, al solo fin de informar a los mismos sobre su situación de salud y efectuar las sugerencias respecto de los aspectos vocacionales al efectivo de la vocación que eligieron y su futura inserción en las distintas ramas de la carrera.
Esto surge debido a que en la actualidad los distintos Institutos de Educación Superior, ya sean de gestión estatal o privada, solicitan para el ingreso a la carrera un certificado de salud que los habilite para estudiar, el cual difiere mucho de lo exigido por Salud Laboral de la DGE, ocasionando una traba para algunos estudiantes de las carreras de profesorados a la hora de tramitar su Certificado de Aptitud Psicofísica definitivo, “ya que en esta instancia salen a la luz determinadas patologías que le impiden, parcial o definitivamente, el ejercicio de su profesión, a pesar de que se hayan invertido cuatro años de vida en la formación profesional y sin que antes, desde una entidad oficial, se les haya advertido y prevenido sobre tal situación”, señalan los fundamentos.
En este sentido, la norma señala que el Estado Provincial deberá asumir los costos de los tratamientos necesarios de las patologías reversibles, en aquellos ciudadanos que no posean obra social, ni recursos económicos para costearlos, y que tengan o posean el anhelo de emprender la formación profesional docente, garantizando así el derecho de enseñar y aprender contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional a todos/as, como principal garante de la educación y evitando cualquier tipo de discriminación.
La autoridad de aplicación será la Dirección de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Superior y Salud Laboral.
Prensa Agosto 6