La Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia continúa recibiendo aportes para incorporar al proyecto de modificación de la ley provincial 6354 “Protección integral del niño y adolescente”.             Presidió el encuentro la titular de la Comisión, Sonia Carmona (FPV), acompañada por las diputadas radicales Liliana Pérez y Beatriz Varela; el demócrata Rómulo Leonardi y la justicialista Mariela Langa.             Asistió la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien expuso sobre metodología, fuentes y principios del Código Procesal para la Justicia de Familia de Mendoza. Se refirió al nuevo Código Civil de la Nación y la adaptación de deberá tener la legislación provincial.             En nuestra provincia se estaba trabajando sobre los instrumentos legales necesarios a eficientizar la administración de justicia en el ámbito de los niños, niñas, adolescentes y familia. Una tarea profunda de investigación y comparación de jurisprudencia nacional y provincial se deberá analizar ahora a la luz del nuevo código nacional. No obstante, Kemelmajer puntualizó las diferencias entre la justicia civil y la de familia, como así también el enfoque penal al respecto.             Señaló entre los objetivos centrales la indispensable realización de un proceso efectivo para tutelar los derechos de los niños. Consideró que la naturaleza instrumental no disminuye la importancia del derecho procesal. En los procesos familiares el interés superior es el niño, sin dilaciones indebidas.             Entre los principios generales de los procesos de familia, enumeró los siguientes: facilitar el acceso a la justicia y la resolución pacífica de los conflictos, con reserva de la intimidad. Intentar por todos los medios auto componer los conflictos entre las partes.             Se deberá contar con jueces especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Los niños deben ser oidos y tenidos en cuenta. El juez tiene que llevar y ordenar las pruebas oficiosamente. Se refirió también a los principios relativos a las pruebas; a los testigos; a los casos de violencia familiar; a las apelaciones y a la ejecución de resoluciones judiciales.             En una etapa previa habló sobre las diligencias preliminares, a las clases de procesos desde los extraordinarios a los urgentes. A los especiales como el de alimentos, divorcio, filiación, adopción, violencia familiar y de restitución de niños. Consideró que de la efectiva operatividad de las normas depende la tutela de los derechos.