Agrega la norma que en los casos de planes de pago efectuados conforme a la ley, las cuotas deben ser iguales o inferiores al 20% del ingreso del grupo familiar directo del beneficiario. Remarca además que “en el supuesto que excedieran dicho porcentaje, el beneficiario, para hacer uso de los beneficios de este programa especial, deberá abonar en la primera cuota el importe que corresponda para que las restantes no superen el veinte por ciento (20%) de los ingresos”.
Asimismo, para los casos en los que no se tengan ingresos declarados o constantes, se tomará como base el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de suscribir el plan de pago.
Por otra parte, la falta de pago en tiempo y forma de una de las cuotas convenidas, “devengará automáticamente en la rescisión del plan y pérdida del beneficio de descuento”. Los importes nominales abonados “se imputarán como pago a cuenta de la deuda que registraba al momento de la firma del plan de pago autorizado por esta ley, debiendo continuarse regularmente con el cronograma de pago original”.
La mora, en todos los casos, se producirá en forma automática, de pleno derecho, por el solo vencimiento del plazo y sin necesidad de requerimiento o emplazamiento previo alguno.
Los dineros que produzca este Programa Especial se constituirán en un Fondo Provincial Específico, administrado por el I.P.V. y “deberá ser destinado íntegramente a la construcción de nuevas viviendas o financiamiento de nuevas soluciones habitacionales, quedando prohibido su uso para gasto de funcionamiento de la entidad”, subraya la norma.
Finalmente se indica que ese Fondo Provincial “se cupificará siguiendo los indicadores provinciales vigentes aplicados por el Instituto Provincial de la Vivienda”.