Uno de los puntos más importantes de la media sanción es la que expresa que “las personas físicas o jurídicas que realicen obras o actividades riesgosas para los recursos naturales, los ecosistemas y la salud humana deberán contratar un seguro suficiente que garantice la financiación de la recomposición del daño ambiental que pudiera producir la misma”.
Indica además que “la autoridad de aplicación aceptará las pólizas de seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva contratadas con empresas aseguradoras aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación e inscriptas en el Registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Serán admisibles con igual finalidad la fianza bancaria, el fondo de reparación, la garantía real u otra garantía financiera a satisfacción de la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá los alcances de esta obligación”.
El Ministerio de Tierras, como autoridad de aplicación, realizará en el término de 1 año un Inventario de Pasivos Ambientales en el territorio provincial que actualizará cada 2 años. También las personas físicas o jurídicas que realicen actividades mineras o hidrocarburíferas y actividades de apoyo operativo en el terreno a las mismas, deberán elaborar un inventario de pasivos ambientales que la autoridad de aplicación incorporará al inventario a su cargo.
Luego de realizado el Inventario de Pasivos Ambientales, la autoridad de aplicación priorizará las necesidades de recomposición según los niveles de riesgo que representen y llevará adelante las acciones administrativas y legales que hagan cesar los riesgos o efectos negativos, aplicando los métodos de la Normativa 35/2.004 de la Unión Europea, la Acción Correctiva Básica de Riesgo de la EPA (Enviromental Protection Agency) de los Estados Unidos de Norte América u otra de similar rigor científico-técnico. Cuando la complejidad de la recomposición o los costos de la operación lo aconsejen, atento al criterio de sostener la empresa en marcha, se acordarán con los responsables planes de recomposición que no podrán exceder los tres (3) años de duración, bajo la forma de Convenios de Cumplimiento Obligatorio, de los que quedan excluidos los pasivos ambientales categorizados como de riesgo mínimo y los exceptuados por el Art. 14.
Si los plazos administrativos para la recomposición caducan o si resulta técnicamente imposible, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado quien llevará adelante la acción por Daño Ambiental Colectivo.
Finalmente, las sanciones previstas en la norma serán las previstas en la Ley n° 5.961, excepto las que tengan por origen infracciones a los Convenios de Cumplimiento Obligatorio, en cuyo caso las multas alcanzarán un valor monetario mínimo de 50.000 Unidades Fiscales al momento de quedar firme la sanción, sin menoscabo de la prosecución de las acciones que competan a otros fueros.