En el marco del análisis del Presupuesto para el año entrante, las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras, recibieron al fiscal de Estado, Fernando Simón, que detalló en qué utilizará su dependencia los cerca de 102 millones de pesos determinados en el proyecto.

El grueso de lo presupuestado, según explicó el funcionario, se invierte en personal e insumos que incluyen bienes corrientes y servicios, aunque también se imputa en la partida lo necesario para pagar los juicios con sentencia firme que deben ser pagados por el Estado provincial, aunque el pago lo materializa el Ministerio de Hacienda.

Simón se manifestó a favor de lo pautado en el proyecto del Ejecutivo, pero propuso agregar un artículo al texto para que desde la Fiscalía de Estado no se tenga que “pedir permiso” cada vez que se debe ejecutar un gasto, sino que puedan hacerlo y luego justificarlo.

El artículo propuesto específicamente dice que “el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, en su carácter de órganos constitucionales extra poder, tendrán las atribuciones previstas para las Cámaras de la Honorable Legislatura y las autoridades superiores del Poder Judicial”.

 “Pretendemos poder gastar nuestro 0,13 por ciento como determinemos”, sintetizó Simón y agregó como ejemplo “no tener que pedirle permiso al gobernador para hacer una compra, sino declararla”.

En detalle, el presupuesto de la Fiscalía de Estado establecido en el proyecto abarca 97.542.600 pesos para personal de planta, 404.446 para personal temporario, 209.811 para bienes corrientes, 1.149.382 para servicios generales, 180.220 en concepto de convenios y 449.056 para locaciones de servicios.

Al mismo tiempo incluye 79.880394 para juicios que debe abonar el Estado, 1.004.282 para servicios públicos, 1.876.628 para alquileres y 161.500 para bienes de capital.