Esta norma reglamenta entre otras cuestiones, el procedimiento de selección del contratista, el control de la ejecución, las incompatibilidades para contratar y el método de solución de controversias.
Nieri explicó que esta ley es un régimen alternativo, que busca la unión del sector público y el privado para la concreción, formulación, financiamiento, ejecución, puesta en marcha y administración de proyectos de interés público.
El Ministro subrayó que “en la actualidad hay ciertas dificultades que no permiten que los contratos de participación público-privada se lleven a cabo. Con las condiciones económicas y jurídicas necesarias, que requiere un inversor, este tipo de proyectos se podrían llevar adelante”.
Asimismo recalcó que este régimen no obsta los instrumentos de control existentes, ya que está regido por la Ley de Administración Financiera, por la Ley de Responsabilidad del Estado, y por los procesos que corresponden a licitación pública.
En el mismo sentido, Nieri remarcó que “no sólo es una adhesión a la ley nacional sino que a partir del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional, entendemos que hay algunos componentes que deberían ser incluidos en la ley, como todo lo referido a los sistemas de información y control, la declaración de impacto ambiental, la constitución de una unidad de seguimiento y asesoramiento, una comisión bicameral de seguimiento de estos contratos y un tratamiento impositivo acorde”
Por su parte, Jorge Albarracín (UCR), presidente de la Comisión de Legislación, destacó que “antes estaba el Estado que hacía la obra y se la daba a un privado, o el Estado que le daba a un privado a hacer la obra y el privado se cobraba de esa obra. En este caso sería un punto medio entre los dos, por lo cual los dos colaboran en el proyecto y en la ejecución del mismo y aportan costos y riesgos en esa situación”.
Jorge López (UCR), presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que “la ley de obra pública es la que ha regulado específicamente esta situación, pero tenemos un vacío legal podemos decir, que es lo que la normativa nacional regula y esta norma viene a complementar lo que ya estaba, y a dar un marco legal para estas nuevas iniciativas en las cuales el sector público y el sector privado, pueden articular mecanismos de acción para poder llevar adelante obras públicas de envergadura e importancia para la provincia”.