El presidente de LAC, el diputado Jorge Albarracín (UCR) sostuvo que “se receptaron varios inquietudes de la oposición y se logró despacho favorable del proyecto. En estos avances se tuvieron en cuenta darle la tranquilidad que quería tener la oposición que si hubiera algún endeudamiento pasara por la legislatura, que se respetaran las autonomías municipales en cuanto a las unidades de ejecución, de que el sistema de licitación fuera el mismo que se utilizaba en la provincia, en general que se respetara el ordenamiento mendocino vigente en la materia”.
Sostuvo el legislador que “normalmente la obra pública se hace por un préstamo o por una erogación presupuestaria o través de una concesión, en este caso es una mezcla de ambos sistemas, al hacer obras públicas, casas u otro emprendimiento podrán participar tanto el privado como el público, en las cuotas de participación que se establezca. Con lo cual es una menor erogación para el Estado y también es una certeza para el privado. Es una figura colaborativa que se utiliza en países como Brasil, Uruguay y Chile y que ha dado muy buenos resultados”.
La norma también contempla el impacto ambiental, a los fines de la promoción de la protección y cuidado ambiental, previsto en las normas reglamentarias vigentes. Sin perjuicio de las preferencias a empresas, pequeñas y medianas o industria nacionales, los pliegos podrán disponer preferencias a empresas radicadas en la provincia.
El proyecto contempla la constitución de una Comisión Bicameral de Seguimientos de Contratos de Participación Público-Privada, que estará integrada de la forma que determinen las respectivas Cámaras, con las mismas atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación proporcional de las fuerzas políticas.