Se excluyen en el texto legislativo, los montos que correspondan al Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de un sujeto responsable inscripto en el mismo.

El otorgamiento del beneficio se realizará mediante Concurso Público de proyectos durante el ejercicio 2018, y se ajustará a determinadas consideraciones, entre ellas, que para acceder al certificado de crédito fiscal, el titular de la inversión productiva y contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberá tener Resolución aprobatoria emitida por el Comité de Evaluación del Concurso Público de Proyectos “Programa de Fomento a la Inversión Estratégica”, integrado por representantes de los Ministerios de Hacienda y Finanzas, de Gobierno, Trabajo y Justicia y de  Economía, Infraestructura y Energía.

Además, dicho Comité redactará un reglamento operativo en el cual se establecerán las bases y condiciones del Concurso. Se evaluarán las propuestas a través de una fórmula polinómica que ponderará la inversión total, la generación de nuevos puestos de trabajo, la inversión en activos producidos por la industria local, y la localización de proyectos que se desarrollen en departamentos con menos de 100 mil habitantes.

Para este último aspecto se otorgará un adicional en puntos que quedará establecido en la reglamentación. Asimismo, podrán firmarse convenios con organismos e instituciones para realizar procesos de auditoría y control sobre los proyectos aprobados.

La utilización del certificado de crédito fiscal podrá efectuarse hasta en 5 años, computados desde la entrada en vigencia de la ley. Este certificado de crédito fiscal será transferible en forma ilimitada.

En la media sanción, se dispone también que el certificado de crédito fiscal podrá aplicarse como pago a cuenta de hasta el 10% del monto total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que devengue el desarrollo de una o más actividades, cualesquiera ellas sean, por las que su titular resulte sujeto pasivo.

Por otra parte, se fija como costo tributario total para el presente beneficio la suma de $1.000.000.000, que tengan como destinos de inversión la Eficiencia Energética y de Riego; Agroindustria;  Servicios Basados en el Conocimiento; Infraestructura Inmobiliaria y  Servicios, Comercio y Turismo.

Finalmente, establece que el beneficio operará bajo condición de que el contribuyente no registre deuda exigible por los impuestos, tasas, contribuciones o multas aplicadas por la Administración Tributaria Mendoza, o que la misma se encuentre regularizada en el plazo de 30 días posteriores al dictado de la Resolución aprobatoria de adjudicación de los correspondientes créditos fiscales.

Durante el debate en el recinto, el diputado Jorge López (UCR), explicó que “esta es la segunda convocatoria de un programa que está destinado a fomentar las inversiones estratégicas en la provincia de Mendoza. En el año 2017, en la Ley Impositiva, el artículo 22 específicamente creó dicho  Programa, el cual está destinado a generar inversión, empleo y desarrollo territorial a través de distintos proyectos que sean prioritarios para la provincia”.

“En esa primera etapa se asignó un crédito fiscal de mil millones que se distribuyeron en distintas actividades económicas sobre las cuales se realizaron convocatorias  de proyectos que resultaron ser un éxito debido a la participación en cantidad y calidad de proyectos”, dijo el legislador, quien agregó que “esa licitación pública arrojó 163 proyectos que compitieron, haciendo un monto total de 8.200 millones de pesos  comprometidos  y que en definitiva arrojó un beneficio para 52 de esos 163 proyectos por un monto total de algo más de 4 mil millones de pesos y 2 mil puestos nuevos de trabajo”.

López, sostuvo que “eso actualmente está en funcionamiento, tiene una auditoría permanente por parte del gobierno para que las empresas cumplan con lo que se comprometieron en ese momento y a partir de que cumplimenten todos los alcances, obtienen este certificado de crédito fiscal que le permite hacer frente a sus obligaciones en Ingresos Brutos”.

En esa línea, resaltó que “esta es una segunda convocatoria para todos los proyectos de inversión que comiencen a invertir y desarrollar actividades durante el 2018; también se asigna el mismo crédito fiscal de 1000 millones de pesos y se distribuye en 5 sectores o actividades económicas importantes como son eficiencia energética; la infraestructura  inmobiliaria; turismo ; servicios y comercio; y agroindustria”.

Añadió además, que “se incorporó algo que los legisladores venían planteando, que es la posibilidad de que aquellos departamentos  con menos de cien mil habitantes tengan un plus en esa polinómica que es la que determina el orden de prioridades de los proyectos. El Ejecutivo se hizo eco de esos reclamos y lo que se pretende con esta nueva etapa, es que la herramienta haya mejorado y siga generando condiciones para la inversión, para la generación de empleo y para un desarrollo equilibrado de la provincia de Mendoza”.

Por su parte, la titular del bloque PJ, Carina Segovia, apuntó a que “entendemos como oposición que es una herramienta para el fomento de la inversión y el empleo, y en ese sentido, como oposición responsable, toda iniciativa que tenga esa finalidad es imposible votarla en contra”. Su par de bancada, Javier Cofano, subrayó de igual forma la necesidad de que esta iniciativa “se traduzca en mucha inversión y mucho empleo”.

A su turno, desde el bloque Podemos, Omar Parisi afirmó que “es una herramienta buena para que haya inversión con generación de mano de obra y empleo”. En esa línea, puso en relieve el hecho de que esta segunda convocatoria “tiene una regionalización distinta” que le dará mayores posibilidades de desarrollo a los departamentos más pequeños.  También Jorge Tanús, resaltó que “es una herramienta que le sirve a todos los mendocinos”.

Desde el bloque del PRO, Pablo Priore, consideró que “es bueno que se instale como política de Estado que la provincia tienda a lograr que se instalen inversiones. Celebro esto y es una herramienta que vamos a trabajar para que sea una política de Estado” que perdure en el tiempo.

En tanto, Mario Vadillo, del bloque PI – Protectora,  y Macarena Escudero, del FIT,  adelantaron el voto negativo de sus bancadas al considerar que se trata de beneficios que sólo impactarán “en los grandes” y no en el ciudadano  “de a pie”.