Según señaló la legisladora, lo tratado tiene que ver con “la situación de los pagos de los Centros de rehabilitación a los trabajadores. La decisión de la comisión es pedir los informes correspondientes a la Subsecretaria de Trabajo como para ver cómo regula este tipo de prestaciones, bajo qué normativa se regula la profesión, a los diferentes  colegios que agrupan a los profesionales  que atienden discapacitados y a la Superintendencia, organismo  nacional con delegación en Mendoza”.

Dentro de 15 días la comisión volverá a reunirse con los mismos actores, con los informes solicitados,  para definir en concreto qué acciones se tomarán desde la Cámara Baja.

Los legisladores, se mostraron partidarios de “regular, de controlar la calidad de las prestaciones que se dan a los discapacitados en los centros especializados. Los pacientes son sujetos de derechos que no tienen que ser vulnerados”, afirmó Fernández.

En cuanto al caso especifico de la situación de los profesionales que tienen a su cargo las terapias de rehabilitación dijo que “aun hay una zona gris en este sentido. En las horas que trabajan y en qué condiciones lo hacen”

Dentro de la problemática enunciada por los invitados a la comisión, se reclamó además dar más difusión sobre las vías de comunicación existentes para denunciar situaciones irregulares en el tratamiento del paciente con discapacidad. En este sentido se recordó que está la Defensoría de las Personas con Discapacidad y que allí se pueden canalizar las inquietudes relacionadas con la atención de salud.