Desde la oposición las mayores observaciones estuvieron dirigidas a la degradación del Ministerio de Turismo y Cultura, áreas que en el futuro serán secretarías, dependientes de la Secretaría General de la Gobernación.
Se plantearon asimismo los superpoderes que se asignan a la Secretaría General de la Gobernación, de la que no sólo dependerán las secretarías de Turismo, de Cultura, de Deporte y de Ambiente, sino además serán resueltos en su ámbito los recursos jerárquicos que se interpongan desde las mencionadas cuatro secretarías.
La media sanción girada por el Senado fue aprobada por unanimidad en su tratamiento en general.
Luego en la consideración en particular de artículo por artículo, Humberto Montenegro (Concertación Ciudadana) votó por la negativa el artículo 1, con las nuevas denominaciones de los siete ministerios. Mirta Díaz (Concertación Ciudadana) con el apoyo de todo su bloque, de Liliana Vietti (UCR) y además de Ricardo Puga y Eduardo Casado (Concertación Plural) sufragó en contra de la redacción del inciso b) artículo 15 (competencias del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comundad), porque incluye a “la mujer” en las mismas categorías “la niñez”, “la adolescencia”, “la juventud”, “la ancianidad” y “la discapacidad”. En igual sentido, los miembros de Concertación Ciudadana y Ricardo Puga objetaron los artículos 21 y 26, que establecen las competencias de la Secretaría General y de la cuatro Secretarías bajo su dependencia.
Siete ministerios
La nueva Ley establece siete Ministerios: Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Hacienda; Producción, Tecnología e Innovación; Desarrollo Humano, Familia y Comunidad; Salud, y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Por otra parte, crea cuatro Secretarías: Turismo; Cultura; Deporte y Medio Ambiente. A ellas, se agrega la Secretaría General de la Gobernación, que tendrá rango ministerial.
Las innovaciones más relevantes en esta reorganización de Ministerios están asociadas a “la clara orientación hacia la producción, la innovación y la ciencia que pretendemos darle al actual Ministerio de Economía”, según queda plasmado en el texto de la Ley.
Al entonces Ministerio de Desarrollo Social se le da una nueva conceptualización, basada en el principio de “subsidiaridad, el rol protagónico de los valores familiares y la vida en comunidad”.
Respecto del nuevo Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el objetivo es “darle mayor especificidad y buscar la eficacia en materia de obra pública y servicios”, sobre todo en el desarrollo de políticas de vivienda.
Por su parte, “y en el marco de un profundo respeto a la vida y una serie de reclamos de carácter internacional”, se jerarquiza el área de la autoridad competente en derechos humanos, dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
Funciones de cada Ministerio
En cuanto a las funciones que le compete a cada área, se dispone que el Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo la coordinación de la actividad política y de las relaciones institucionales del Ejecutivo provincial con el nacional, con otras provincias, con los otros Poderes del Estado, los Municipios y las organizaciones sociales.
Además, podrá atender el Organismo Técnico Criminológico y ejercer el control necesario de los detenidos y encarcelados en resguardo de sus derechos y garantías; mantener un registro de antecedentes judiciales de las personas físicas y proponer al Ejecutivo los indultos, la conmutación y la rebaja de penas, entre otras atribuciones.
Las competencias para el Ministerio de Seguridad será la planificación, coordinación, organización, ejecución y control de la política de seguridad pública de la provincia, en orden a la protección de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de sus habitantes. También, coordinar y dirigir el sistema de comunicación al servicio de la seguridad, y organizar y conducir el sistema de Policías de la provincia y el Sistema de Defensa Civil.
El Ministerio de Hacienda, tendrá entre sus funciones todo lo referido a la administración financiera y tributaria del Estado. Esto es, aplicar el régimen impositivo vigente, efectuar la recaudación de los tributos provinciales, analizar el régimen de coparticipación federal de impuestos, realizar censos de inmuebles rurales y urbanos, y aplicar la Ley de Contabilidad de la provincia controlando su cumplimiento.
Tanto el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la Caja de Seguro Mutual, serán organismos que funcionalmente se relacionarán con el Ejecutivo, a través de esta cartera.
Respecto del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, que reemplaza al de Economía, deberá formular las políticas y la ejecución de las acciones de gobierno para la preservación, promoción, desarrollo y control de las actividades productivas para el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos, promoviendo la internacionalización de la economía provincial y teniendo presente el desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo de los distintos sectores y regiones económicas de la provincia.
Le compete, entre otros aspectos, la política de defensa y promoción de las actividades agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios; promover la eliminación de las distorsiones que afectan el funcionamiento de la economía; propender a la diversificación de la producción, la radicación de inversiones, el acceso a los mercados locales e internacionales, y la defensa contra la competencia desleal.
En lo que compete al Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, su función será crear las condiciones que permitan a los habitantes de la provincia, a la familia y a cada uno de sus miembros alcanzar plenamente su realización, removiendo obstáculos que impidan o dificulten una correcta integración social, promoviendo el esfuerzo propio y la acción solidaria.
Esto implica elaborar políticas de protección integral de la familia, la niñez y la adolescencia, así como todas las relacionadas a la juventud, la mujer, la ancianidad y la discapacidad. Asimismo, desarrollar políticas destinadas a grupos sociales vulnerables, con el fin de asegurar la equidad social; promover la integración y luchar contra cualquier tipo de discriminación.
El Ministerio de Salud, en tanto, deberá crear las condiciones necesarias para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, con la participación responsable de todos los sectores involucrados, a fin de poder proporcionar cobertura integral accesible a toda la población.
Dependerá de esta área, el ejercicio de la policía sanitaria, la capacitación del recurso humano, descentralizar la administración sanitaria y garantizar mediante convenios, la efectiva descentralización de recursos suficientes que aseguren el normal funcionamiento de los centros de salud, con aquellos municipios que tengan efectores propios de atención primaria.
Finalmente, el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, tendrá a su cargo la planificación y programación de las obras públicas, intervenir en la dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras y de consultoría relacionadas a ellas; efectuar análisis y estudios para el dictado de normas relacionadas con la conservación y construcción de toda obra vial de jurisdicción provincial, y programar el mantenimiento y la explotación de las obras hidráulicas.
Tendrá la potestad de proveer equipos mecánicos, materiales y elementos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, y diseñar políticas públicas referidas a la construcción de viviendas.
Atribuciones de la Secretaría General y de las Secretarías
La segunda innovación significativa está asociada a la creación de la Secretaría General de la Gobernación, que será la única secretaría que tendrá rango y jerarquía de Ministro.
Entre sus competencias se prevé las que actualmente desempeña la Secretaría Administrativa, Legal y Técnica de la Gobernación, y las asociadas a la coordinación, a solicitud del gobernador, de las reuniones de gabinete, la modernización del Estado, la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de información, las políticas provinciales sobre recursos humanos, la jerarquización de la carrera pública, y todas las iniciativas en materia de control, auditoría e implementación de procesos de transparencia y de calidad en la gestión pública
Las otras cuatro Secretarías que se crean por esta Ley, dependerán del gobernador y podrán participar de las reuniones de gabinete.
Las funciones de la Secretaría de Turismo, serán promover las actividades turísticas como una herramienta para el desarrollo económico y social; atraer inversiones para el desarrollo de la capacidad turística instalada; promover la investigación de la demanda y el desarrollo de la oferta turística de la provincia; promover la integración turística a nivel regional, y desarrollar la conciencia turística de toda la población, entre otras.
En lo concerniente a la Secretaría de Deporte, su misión será la de elaborar propuestas de intercambio local, regional e interprovincial en materia deportiva; fomentar y organizar eventos deportivos de participación masiva; promover la descentralización de la actividad deportiva; organizar actividades deportivas para grupos específicos como adultos mayores, discapacitados y niños, y promover la integración de las organizaciones vinculadas a la actividad deportiva.
La Secretaría de Cultura, deberá diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural; promover las manifestaciones artístico – culturales promoviendo y realizando actividades de formación especializada en estas áreas; fomentar las actividades culturales de interés comunitario, y diseñar e implementar las políticas y acciones para las industrias culturales.
Por último, la Secretaría de Medio Ambiente se encargará de elaborar políticas para la preservación, protección y mejora del ambiente en todo el territorio provincial, y fomentar el desarrollo sustentable y mejoramiento continuo de la calidad de vida de los mendocinos.
Entre sus funciones, se cuentan la de elaborar campañas educativas y de concientización relativas a la conservación del ambiente, mantener el sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas, controlar el cumplimiento de las normas de impacto ambiental, y propender a que las políticas de empleo, vivienda, salud y educación, consideren como componentes los aspectos espaciales y ambientales.