Desde el sector señalaron que la mayoría de ellos mantienen deudas impositivas que arrastran de hace unos años, por lo que sumado a la actividad laboral que “recién ahora se está reactivando”, les resulta prácticamente imposible afrontar la compra de nuevos vehículos.
En ese sentido, agregaron que ellos no tienen subsidios a los combustibles, que tienen poco acceso al crédito - ya que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento sólo prevé una línea de 15 mil pesos para la compra de unidades que rondan los 90 mil pesos -, y que tienen que mantener las fuentes de trabajo de aquellos a los que se les termina la posibilidad de circular o lo hacen con permisos transitorios.
Aunque dijeron estar de acuerdo con la cláusula transitoria, aclararon que no sería conveniente si no va “acompañada por una línea de crédito que les ayude a renovar los vehículos en los plazos previstos”-
Otro de los aspectos abarcados en la media sanción hace referencia precisamente a las deudas contraídas por estas empresas, indicando que se verán beneficiadas con el otorgamiento de planes de pago de hasta treinta y seis cuotas para cumplir con sus obligaciones impositivas. Una vez concretado el plan de pago, la autoridad de aplicación deberá otorgar la certificación de habilitación del Parque Móvil necesario para la prestación normal del servicio.
El no cumplimiento en término de cualquiera de las cuotas, hará caducar los beneficios otorgados, facultándose a la autoridad de aplicación a la suspensión de las habilitaciones correspondientes, más los recargos que establece la reglamentación vigente.
Además, el otro punto que genera desacuerdo entre lo solicitado por los transportistas, y la opinión de los miembros de la comisión legislativa y la Dirección de Vías y Medios, es el relacionado con la propuesta de que el servicio contratado se divida en dos tipos: quienes presten su servicio en un recorrido de hasta 100 km, contados desde el domicilio del permisionario, y aquellos de media distancia cuyo itinerario supera esa distancia.
El argumento esgrimido por los titulares de los servicios afectados es el de la cobertura del seguro, tema que según los funcionarios y legisladores, no puede resolverse de momento. Por lo pronto, el acuerdo sería sacar ese artículo de la normativa envidada por el Senado, de modo de acelerar la solución al resto de la problemática planteada por el sector.