José Luis Rivas y Ricardo Diez de Oñate, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación, presentaron además una nota en la que manifiestan  punto a punto su opinión sobre la situación de los hospitales y clínicas en la provincia.
Señalan al respecto, que ven con “beneplácito que la problemática de la salud pública y privada de la provincia esté ocupando la atención del Poder Ejecutivo y de la Legislatura. Ello, por cuanto advertimos la urgencia de diseñar e implementar una política de Estado en la materia, que establezca y coordine las acciones a llevar adelante en el presente, mediano y largo plazo”.
En relación al proyecto en cuestión, hicieron hincapié en la necesidad de centralización de la política del sector en el Ministerio de Salud, “para garantizar el cumplimiento de la política de Estado”.  Sin embargo, dijeron que es necesario que como contrapartida, exista una descentralización administrativa y operativa “que facilite el cumplimiento de la política de salud que se establezca”.
Por otra parte, plantearon una reasignación de roles del ámbito público y privado, resaltando la necesidad que los hospitales públicos den prioridad a la atención de los carenciados, “quienes concurren a estos efectores y no tienen otra opción de atención, debiendo dar prestaciones a los beneficiarios de las obras sociales una vez cumplido su cometido esencial, con tiempos de espera prestacional que sean razonables”.
Al respecto, el presidente de la comisión legislativa, Alberto Recabarren (PJ), dijo que por ejemplo en el hospital Central hay 8000 personas en listas de espera para todas las especialidades, y se presume que muchos de ellos están mutualizados y ocupando un lugar que deberían tener aquellos que no tienen cobertura social.
Los médicos presentes, señalaron también que debería articularse “un plan de fomento financiero a través del Fondo de Transformación, que permita recuperar las camas que se han ido perdiendo por el deterioro que viene sufriendo el sector. El mismo criterio debería seguirse para apoyar financieramente las mejoras de infraestructura de nuestro sector”.
En líneas generales, apuntan a una complementariedad prestacional entre el sistema público y el privado que permita un uso racional tanto del recurso humano como de la infraestructura disponible.