Participaron del encuentro los justicialistas Nidia Martini; los radicales Liliana Vietti y Rubén Lázaro; los demócratas Diego Arenas y Antonio Specia; por la Concertación Ciudadana, Mirta Castellanos, Daniel Vilches, Gerardo Soria y Carlos Alexander Maza.
El proyecto de ley  declararía la emergencia del sistema sanitario de la Provincia en general y en particular de la subsistema de efectores públicos: centralizados, desconcentrados, descentralizados, programas de administración centralizada o tercerizada y OSEP, así como la necesidad de su estructuración y ordenamiento integral del sistema.
Esta norma que comprende los aspectos organizativos, administrativos, contables, financieros, funcionales, operativos, de gestión sanitaria en general, insumos e infraestructura ha encontrado objeciones de algunos sectores de la salud los que, precisamente en esta oportunidad, expresaron su parecer al respecto.
Dentro de este marco la Asociación Mendocina Profesionales de la Salud (AMPROS) reiteró su rechazo a la ley por considerar que la misma  transgrede el convenio colectivo  7759, elimina el pase a planta permanente acordado en el convenio colectivo y es discriminatoria  toda vez que “faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo a sancionar a los agentes que presten la debida colaboración”, según señaló la secretaría general de la entidad  Isabel Del Pópolo.
AMPROS enfatizó que la ley “echa por tierra la regulación de las condiciones y medio ambiente de trabajo porque violenta los derechos adquiridos de los profesionales de la salud”.
La entidad estima que “aún sin este instrumento de emergencia la provincia puede mejorar el sistema sanitario de Mendoza “.
En tanto el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Juan Carlos Navarro, señaló que están de acuerdo con la nueva herramienta legislativa. Consideró que el mayor Interés al respecto debería centrarse en el debate y discusión de políticas de Estado orientadas al sistema integral de salud.
No obstante, el apoyo en general al proyecto puntualizó algunos de los aspectos que preocupan al gremio, entre otros:
Que no se cometan excesos por esta emergencia y sean afectados los derechos de los profesionales y trabajadores de la salud.
Que se optimicen los recursos humanos, ante la necesidad de contar con de mil enfermeros más para todo el territorio provincial. Como así también el nombramiento de profesionales especializados en los departamentos más alejados de Mendoza, con condiciones razonables para su radicación.
Que se logre un financiamiento eficiente para el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria pública, como también para mejorar la actividad privada.
Que se puedan superar definitivamente las listas de espera para ciertas intervenciones médicas.
Que sean revisadas las locaciones de servicios para blanquear la mano de obra necesaria en todos los órdenes.
La diputada justicialista Nidia Martini expresó que se trata de una “urgencia” referida a necesidades indispensables y “emergencia” que no significa que no dará poder o potestades especiales o extraordinarias.
El diputado radical Rubén Lázaro manifestó que se había ocupado de informarse en el Fondo para la Transformación y Crecimiento con resultados positivos en cuanto al otorgamiento de líneas de crédito para el sector privado dedicado a la salud.
El diputado demócrata Diego Arenas comunicó que su bloque no está de acuerdo con este proyecto ley, dado que cada uno de los temas que expresa podrían tener una solución legislativa específica sin ser presentadas como una emergencia.