Este convenio, rubricado por 362 magistrados y que necesita la ratificación de la Legislatura, tiene como objeto "poner fin al conflicto originado hace más de un lustro, con motivo de la forma de liquidación de las retribuciones de los Magistrados del Poder Judicial de la provincia y la falta de certeza acerca del alcance de la garantía de intangibilidad plasmada en el art. 151 de la Constitución de Mendoza y en el art. 110 de la Constitución Nacional"
Pretende además, terminar con los pleitos indexatorios y las situaciones de desigualdad en lo salarial. Para ello, se promueve un incremento promedio del orden del 16% a cambio de que las partes desistan de cualquier demanda en tal sentido.
En el acuerdo elevado por el gobierno de la provincia, se señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, en casos análogos, en el sentido de que la intangibilidad no puede ser interpretada como sinónimo de actualización monetaria, en referencia a la causa "Chiara Díaz".
En el mismo escrito, se agrega que de su doctrina se desprende también que en el actual contexto fáctico y normativo la garantía de intangibilidad encuentra correlación en el concepto de "media nacional", esto es, que todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones provinciales y nacional.
La recomposición salarial se hará en forma progresiva, aplicándose sobre el nivel básico 100 por ciento, que estará constituido por la asignación de la clase que se fije para el cargo de Ministro de la Suprema Corte, de la siguiente forma: a partir del 1 de mayo del corriente, 9.500 pesos, y desde el 1 de enero de 2009, diez mil pesos.
Desde esa fecha en adelante, se aplicarán los incrementos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia para los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Para el caso de los magistrados que mantienen medidas de ejecución contra la provincia, y que aceptan la equiparación de sus remuneraciones durante el período que va desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, se establece que las diferencias resultantes se pagarán en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses, que se liquidarán junto a sus salarios a partir del mes de junio.
Para aquellos que no se encuentran en litigio con la provincia, tales diferencias se pagarán en iguales términos pero en quince cuotas a partir de julio de 2008.
Desde la Presidencia de la Cámara se anticipó que mañana será puesto a consideración del cuerpo.
Por su parte la Concertación Ciudadana, pidio que tanto desde la Fiscalía de Estado como de la Asesoría de Gobierno se emita un dictamen al respecto, que determine la constitucionalidad o no del convenio, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 151 de la Constitución Provincial, que fue modificado mediante plebiscito y que establece la no indexación del sueldo de los magistrados.
Andrés Marín, señaló por otra parte que "no queda claro si ese reconocimiento que se hace hacia atrás, no implicaría abrir un nuevo frente de conflicto con los judiciales que podrían solicitar por ese período, una recomposición salarial equiparada a la de los jueces, tal como se hacía hasta el 2003, en que por ley se dio por finalizado el enganche salarial".
Ricardo Puga (TODOS), planteó por su parte que es la Legislatura quien tiene que dictar una Ley de Sueldos, y que de aprobarse el convenio los legisladores estarían delegando facultades que le son propias.
En el mismo sentido, Raúl Vicchi (UCR), dijo que el convenio se parece más "a una paritaria", y que si bien el objetivo es poner fin al conflicto entre la justicia y el Ejecutivo, habría que convertir en ley la parte específica que habla de las remuneraciones porque "no es ni más ni menos, que una ley de sueldos. Estamos hablando del régimen salarial de los jueces, que no es malo si se engancha a una ley de sueldos para toda la provincia".
Simón, reiteró durante la reunión que este acuerdo tiene carácter "transaccional" y que no implica reconocimiento de derechos. Aclaró que para lo que resta de 2008, implicaría una suma de 13 millones de pesos que en parte saldrían de los embargos a las cuentas públicas por juicios ganados por magistrados que no retiraron el dinero; de economías presupuestarias del Poder Judicial, y otra parte aportaría el Poder Ejecutivo.