Presidió la reunión la titular de la Comisión, Amalia Monserrat (CC), quien estuvo acompañada por Roberto Blanco (CP); los demócratas Mario Casteller y Antonio Spezia; los justicialistas Mireya Díaz y Juan Dávila y Humberto Montenegro (CC).
Teniendo en cuenta que el padrón catastral es el inventario público de bienes inmuebles, informaron que es imprescindible contar con datos territoriales actualizados en tres aspectos: físico, económico y jurídico. Ante el movimiento inmobiliario local se necesita contar, también, con un marco normativo de la Dirección de Catastro que de precisión a zonas grises de su accionar y delimitar las responsabilidades de los Municipios y la Provincia. Como así también dar una seguridad jurídica a transferencias y comercialización de bienes.
El Estado deberá garantizar al contribuyente la existencia de la parcela a comprar, según título y/o mensura o resolviendo conflictos a través del saneamiento de títulos en el Registro de la Propiedad. La valoración o valuación parcelaria deberá corresponder automáticamente a Catastro, en forma permanente, sin depender de la sanción de la ley de Avalúo anual.
La nueva ley permitirá también la elaboración de un mapa oficial de la Provincia para resolver, entre otros, conflictos interdepartamentales y deberá ser respetado por organismos públicos y privados.
Se recordó en la oportunidad un antecedente histórico. El general José de San Martín, en 1815, ordenó el primer catastro provincial para administrar el recurso hídrico en forma equitativa y constituyó un hito a nivel nacional.
Finalmente, el equipo de trabajo del Ejecutivo se comprometió a colaborar con los legisladores para alcanzar una ley acorde a los nuevos requerimientos  sociales.