Fue durante la gestión de Hugo Duch donde se establece que los docentes de SEOS no guardarían relación de dependencia con la DGE, “pero sí con la patronal” (Municipios). De esta manera, el Estado destina recursos para salarios docentes pero no para cubrir reemplazos, o pagar a los auxiliares.

            Muchas maestras trabajan bajo la modalidad de contratos de locación y los auxiliares docentes – como los celadores – reciben algún tipo de plan como el Jefas de Hogar. “Hay casos de mujeres que dejan de recibir ese beneficio porque ya no tienen hijos en edad escolar, y por lo tanto dejan de trabajar porque no hay quien les pague los sueldos. Así la institución se queda sin ese personal”, manifestaron.

            Entre los reclamos formulados a los diputados, se encuentra precisamente el financiamiento docente, pensado no sólo como la posibilidad de acceder a la titularidad o de contar con personal de apoyo, sino también, en la necesidad de que estas maestras gocen de los mismos derechos que el resto – como el pago de zona -  y la universalización el servicio.

Esto implicaría que los SEOS no sólo estarían ubicados en los lugares de mayor vulnerabilidad, sino también en otros rincones de la provincia donde  sean necesarios “y esperados por la comunidad. Este tipo de servicio debería dejar de ser un programa para pasar a ser parte de una política de Estado”, agregaron